El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
La investigación contra el exministro de Axel Kicillof es por un negociado millonario con el sistema de recaudación de las multas y la VTV. La medida alcanza también a 15 exfuncionarios, entre los que se encuentra un juez de falta.
Según la acusación del fiscal Álvaro Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Estos “gestores” ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
En la causa figura también que siete empresas beneficiadas habrían sido obligadas a contratar previamente con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, encargada de asignar turnos para la VTV y percibía una comisión del 8,5% (más IVA) por cada operación.
Por último, en la imputación aparecen sospechas de irregularidades en la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil con la que se habría facturado de manera irregular los ingresos derivados de las infracciones de tránsito captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en diversos municipios bonaerenses como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
En diciembre de 2024, semanas después de que se hiciera público el hecho, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro y fue reemplazado por Martín Marinucci.
Además de D’Onofrio, también está en la mira Claudia Pombo, exconcejala de Pilar y pareja del ministro. Pombo, que era una aliada cercana al exfuncionario, se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas.
La imputación alcanzó también a Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos.
Entre los otros involucrados en la causa está Sebastián Desio, presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que habría obtenido contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias de la VTV.
También fueron imputados Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, Tomás Uthurriague, ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV, y otros exfuncionarios que respondían de manera directa a D’Onofrio.
