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El Estado no intervendrá en la crisis de deudas

4 agosto, 2026
in Economía
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El presidente Javier Milei volvió a rechazar la implementación de medidas estatales destinadas a asistir a las personas que enfrentan dificultades para cumplir con sus deudas. Al referirse al aumento de la morosidad, sostuvo que se trata de una situación que debe resolverse entre las partes involucradas y descartó una intervención del Estado.

En ese contexto, un informe elaborado por un centro de estudios económicos señaló que durante junio más de 100.000 personas se incorporaron a los registros de morosos de bancos y proveedores de crédito no financiero, reflejando un aumento de los incumplimientos vinculados al endeudamiento de los hogares.

El mandatario calificó el incremento de la morosidad como un “problema entre privados” y afirmó que el Gobierno no impulsará un programa de asistencia para deudores. En esa línea, indicó que la estrategia oficial apunta a que las entidades financieras puedan ofrecer alternativas de refinanciación, aunque remarcó que quienes asumieron compromisos deben afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Una postura similar fue expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también descartó la puesta en marcha de un esquema de ayuda estatal para quienes tienen dificultades para cancelar sus obligaciones.

Por otra parte, un relevamiento privado mostró una leve mejora en uno de los indicadores de morosidad. Según ese análisis, luego de 19 meses consecutivos de aumentos, la mora de los créditos destinados a familias descendió en junio del 12,8% al 12,7%. También se registró una baja en la morosidad total del crédito al sector privado, que pasó del 7,7% al 7,6%.

Sin embargo, especialistas advirtieron que esta variación resulta insuficiente para afirmar que la situación comenzó a revertirse. La reducción se explicó principalmente por una desaceleración en el crecimiento de los préstamos irregulares y por el aumento del volumen total de créditos, lo que modifica el indicador porcentual. Además, señalaron que en varias entidades financieras la mora continúa en ascenso y que existen factores que podrían influir en la evolución del indicador durante los próximos meses.

Entre esos factores, se destacó que la morosidad de los préstamos otorgados por entidades no financieras volvió a aumentar y alcanzó el 33%, el nivel más elevado registrado hasta el momento. También se observó un crecimiento de las refinanciaciones, que representan el 3,4% del total de los créditos destinados a familias. Si bien esta herramienta permite contener temporalmente los incumplimientos, también refleja las dificultades de muchos hogares para afrontar sus obligaciones con sus ingresos habituales.

Otro relevamiento económico puso el foco en la cantidad de personas afectadas. A pesar de la leve disminución porcentual registrada en junio, el número de nuevos morosos continuó en aumento. Durante ese mes se incorporaron 57.568 personas con atrasos en obligaciones bancarias y otras 42.759 en proveedores de crédito no financiero. En total, la cantidad de personas con deudas impagas llegó a 5.904.900.

El informe también señaló cambios en la estructura del mercado crediticio. Según el análisis, las entidades bancarias comenzaron a restringir el acceso al financiamiento para las familias, mientras aumentó la participación de proveedores de crédito no financiero, como billeteras virtuales, mutuales y cooperativas, sectores que presentan mayores niveles de incumplimiento.

La situación presenta diferencias según la zona del país. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de nuevos morosos bancarios durante junio, con 26.792 casos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 5.720, Santa Fe con 4.121 y Córdoba con 3.591.

En el segmento de proveedores de crédito no financiero, Buenos Aires volvió a ubicarse en primer lugar con 10.958 nuevos deudores, seguida por Santa Fe con 5.306 y Córdoba con 4.288.

El análisis advierte que la combinación de un acceso más limitado al crédito bancario y la necesidad de financiamiento para sostener el consumo cotidiano está impulsando una mayor utilización de mecanismos alternativos de crédito, que suelen presentar costos financieros más altos y menor regulación.

De mantenerse esta dinámica, podría profundizarse la expansión del financiamiento informal, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, mayores dificultades para acceder al crédito tradicional y un aumento de los hogares que enfrentan problemas para cumplir con sus compromisos financieros.

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En ese contexto, un informe elaborado por un centro de estudios económicos señaló que durante junio más de 100.000 personas se incorporaron a los registros de morosos de bancos y proveedores de crédito no financiero, reflejando un aumento de los incumplimientos vinculados al endeudamiento de los hogares.

El mandatario calificó el incremento de la morosidad como un "problema entre privados" y afirmó que el Gobierno no impulsará un programa de asistencia para deudores. En esa línea, indicó que la estrategia oficial apunta a que las entidades financieras puedan ofrecer alternativas de refinanciación, aunque remarcó que quienes asumieron compromisos deben afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Una postura similar fue expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también descartó la puesta en marcha de un esquema de ayuda estatal para quienes tienen dificultades para cancelar sus obligaciones.

Por otra parte, un relevamiento privado mostró una leve mejora en uno de los indicadores de morosidad. Según ese análisis, luego de 19 meses consecutivos de aumentos, la mora de los créditos destinados a familias descendió en junio del 12,8% al 12,7%. También se registró una baja en la morosidad total del crédito al sector privado, que pasó del 7,7% al 7,6%.

Sin embargo, especialistas advirtieron que esta variación resulta insuficiente para afirmar que la situación comenzó a revertirse. La reducción se explicó principalmente por una desaceleración en el crecimiento de los préstamos irregulares y por el aumento del volumen total de créditos, lo que modifica el indicador porcentual. Además, señalaron que en varias entidades financieras la mora continúa en ascenso y que existen factores que podrían influir en la evolución del indicador durante los próximos meses.

Entre esos factores, se destacó que la morosidad de los préstamos otorgados por entidades no financieras volvió a aumentar y alcanzó el 33%, el nivel más elevado registrado hasta el momento. También se observó un crecimiento de las refinanciaciones, que representan el 3,4% del total de los créditos destinados a familias. Si bien esta herramienta permite contener temporalmente los incumplimientos, también refleja las dificultades de muchos hogares para afrontar sus obligaciones con sus ingresos habituales.

Otro relevamiento económico puso el foco en la cantidad de personas afectadas. A pesar de la leve disminución porcentual registrada en junio, el número de nuevos morosos continuó en aumento. Durante ese mes se incorporaron 57.568 personas con atrasos en obligaciones bancarias y otras 42.759 en proveedores de crédito no financiero. En total, la cantidad de personas con deudas impagas llegó a 5.904.900.

El informe también señaló cambios en la estructura del mercado crediticio. Según el análisis, las entidades bancarias comenzaron a restringir el acceso al financiamiento para las familias, mientras aumentó la participación de proveedores de crédito no financiero, como billeteras virtuales, mutuales y cooperativas, sectores que presentan mayores niveles de incumplimiento.

La situación presenta diferencias según la zona del país. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de nuevos morosos bancarios durante junio, con 26.792 casos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 5.720, Santa Fe con 4.121 y Córdoba con 3.591.

En el segmento de proveedores de crédito no financiero, Buenos Aires volvió a ubicarse en primer lugar con 10.958 nuevos deudores, seguida por Santa Fe con 5.306 y Córdoba con 4.288.

El análisis advierte que la combinación de un acceso más limitado al crédito bancario y la necesidad de financiamiento para sostener el consumo cotidiano está impulsando una mayor utilización de mecanismos alternativos de crédito, que suelen presentar costos financieros más altos y menor regulación.

De mantenerse esta dinámica, podría profundizarse la expansión del financiamiento informal, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, mayores dificultades para acceder al crédito tradicional y un aumento de los hogares que enfrentan problemas para cumplir con sus compromisos financieros.
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