Las definiciones surgieron durante la audiencia de conciliación obligatoria realizada en Paraná, convocada por el Gobierno de Entre Ríos luego de que la compañía anunciara 269 despidos. El sindicato presentó propuestas vinculadas con la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo, además de formalizar su planteo sobre la eventual responsabilidad patrimonial de los principales accionistas.
La conciliación obligatoria busca retrotraer la situación al momento previo a las desvinculaciones y establecer un marco formal de negociación entre la empresa y los trabajadores. En ese contexto, las partes comenzaron a analizar alternativas frente a la paralización de la planta.
Uno de los principales reclamos del gremio fue que se determine si los socios gerentes y accionistas mayoritarios pueden responder con sus bienes personales por las obligaciones laborales vinculadas al conflicto. El planteo fue presentado por escrito y se fundamentó en la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial y el Pacto Federal del Trabajo.
El sindicato también rechazó la posibilidad de que la empresa aplique el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago del 50% de la indemnización en determinadas situaciones. La posición del gremio es que la crisis no afecta de manera general a la actividad avícola, sino que responde a una situación particular de la empresa y a decisiones empresariales cuyas consecuencias, sostiene, no deberían recaer sobre los trabajadores.
Pese a esa postura, el STIA planteó distintas alternativas para facilitar una eventual reapertura de La China. Entre las opciones analizadas aparecen una reducción de la dotación, retiros voluntarios y esquemas de rotación de turnos, siempre que la empresa pueda acreditar que no está en condiciones de retomar la actividad con la totalidad del personal.
El gremio también puso como prioridad la regularización de los ingresos adeudados a los trabajadores. En la próxima audiencia prevé reclamar el pago de los salarios atrasados correspondientes a la planta y del aguinaldo.
Otro de los puntos planteados durante el encuentro fue conocer las razones detrás de los despidos y determinar si la decisión está relacionada con eventuales condiciones exigidas por posibles inversores para avanzar con una reapertura de la planta.
A su vez, el sindicato reclamó que en las próximas reuniones participe un representante de la empresa con capacidad concreta para negociar y tomar decisiones, debido a que la presencia de personal sin poder resolutivo puede prolongar los tiempos del conflicto.
Las autoridades laborales establecieron un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el 28 de agosto. Mientras tanto, la empresa acató la conciliación obligatoria, por lo que los despidos permanecen suspendidos y los trabajadores continúan registrados y con cobertura de ART.
Desde el gremio señalaron además que la planta La China cuenta con las condiciones necesarias para retomar rápidamente la producción. Según la evaluación sindical, las instalaciones tienen capacidad para procesar hasta 220.000 pollos diarios y cuentan con certificaciones para exportar.
No obstante, la posibilidad de que esa planta sea priorizada para una eventual reapertura fue presentada como una consideración del sindicato y no como una definición confirmada por la empresa.
