La presentación fue realizada el 30 de septiembre, dentro del plazo establecido para recurrir ante el máximo tribunal. Los demandantes sostienen que la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fue “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes” y solicitaron que la Corte Suprema intervenga en el expediente.
El planteo busca revertir la decisión que había dejado sin efecto el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había determinado que la Argentina debía afrontar el pago por la expropiación de la petrolera. El argumento central de la nueva apelación apunta a la interpretación del estatuto de YPF aplicada al momento de la estatización.
La posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema había sido anticipada por Burford el 27 de marzo, después de que la Cámara de Apelaciones revocara la sentencia de Preska. Frente a esa situación, la Procuración del Tesoro de la Nación comenzó a preparar la estrategia de defensa del Estado.
En junio, el tribunal de segunda instancia también rechazó el pedido para revisar nuevamente su decisión. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson consideraron que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino y, por ese motivo, anularon su resolución. Al mismo tiempo, señalaron que la expropiación había afectado derechos de propiedad en la Argentina.
Ahora, el próximo paso depende de la Corte Suprema estadounidense, que no tiene un plazo determinado para decidir si acepta o rechaza el pedido. La presentación no implica que el máximo tribunal vaya a tomar el caso: recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por período de sesiones y analiza alrededor de 80. Además, la tasa de aceptación de apelaciones en Nueva York es inferior al 10%. En 2019, de todos modos, el tribunal había aceptado otro caso vinculado con litigios en tribunales estadounidenses.
La estrategia judicial de Burford también tuvo esta semana otro frente. En representación de las sociedades Petersen, presentó reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con el objetivo de obtener una compensación del Estado argentino.
Según información aportada previamente por la propia firma, Burford tenía una participación del 35% en las acciones de las sociedades Petersen dentro de sus procesos de quiebra y del 82% de Eton Park. El valor contable de esas participaciones se ubicaría actualmente cerca de los US$100 millones, frente a los US$1.700 millones que representaban antes del fallo adverso de marzo.
Los administradores de las quiebras de las sociedades, radicadas en España, mantienen el 30% de las participaciones. Si finalmente se obtiene algún pago derivado del litigio, antes de distribuir eventuales ganancias deberán cancelarse distintas obligaciones con bancos internacionales que financiaron el ingreso de los Eskenazi en YPF entre 2008 y 2010.
El conflicto judicial por la expropiación de YPF atraviesa así distintas administraciones nacionales. La defensa del Estado comenzó durante el gobierno de Cristina Kirchner y continuó bajo las gestiones posteriores, incluida la actual de Javier Milei, en el marco de una posición sostenida por el Estado argentino a lo largo del proceso.
