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El contenido del celular de Spagnuolo es una pieza clave. Según confirmaron fuentes judiciales, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya informó que no podrá recuperar los mensajes eliminados del dispositivo, lo que limita la posibilidad de confirmar si allí había comunicaciones con altos funcionarios como el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o Eduardo “Lule” Menem.
Pero queda aún una herramienta más: determinar si en algún momento Spagnuolo hizo una copia de seguridad de su teléfono.
Spagnuolo, por ahora, se mantiene recluido en su casa, habla únicamente con su círculo íntimo y sus abogados, y aguarda poder acceder al expediente para definir si se presenta como arrepentido. “Es una posibilidad”, sueltan aquellos que lo ven recurretemente. Para otros es tan solo una amenaza que nunca se concretará. Solo el exfuncionario sabe lo que hará.
En las últimas horas, los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz de La Madrid e Ignacio Rada Schultze, pidieron suspender los plazos para responder respecto del pedido de nulidad planteado por los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. Los letrados quieren ver el expediente, que se mantiene en secreto de sumario.
Respecto de los contratos que la PIA ya analizó, en el organismo se muestran cautos. “Nada por ahora, en pleno análisis”, responden.
En paralelo, la Justicia avanza con la apertura de otros teléfonos secuestrados en el marco de la investigación. Ya lograron extraer el contenido de tres dispositivos pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud: el suyo personal, el de su esposa y uno más antiguo, que no contenía información relevante. La información extraída será analizada en una segunda etapa del proceso.
El fiscal Franco Picardi por ahora no vio el contenido del aparato de Garbellini. Era el hombre que negociaba los contratos con las droguerías. Ni más ni menos.
Los próximos en la mira son los hermanos Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de Suizo Argentina. Sus teléfonos fueron incautados, pero aún no se logró acceder a su contenido. La negativa a entregar las claves fue defendida por su abogado Martín Magran, quien advirtió: “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos familiares o videos personales, como uno en el que Eduardo Kovalivker lee poesía”.
No obstante, fuentes judiciales confirmaron que será la DATIP quien intente finalmente acceder a esos contenidos por medios forenses. Y todo indica que, una vez que todas las partes respondan al pedido de opinión, el juez Sebastián Casanello podría rechazar el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker.
Los empresarios habían planteado que la causa debía cerrarse por haberse originado en grabaciones ilegales y por “cosa juzgada”, ya que en febrero se archivó una denuncia similar contra la misma droguería. Pero la Justicia no comparte esa mirada. En los tribunales de Comodoro Py sostienen que no se puede anular una causa por el solo hecho de haberse iniciado a partir de grabaciones sin orden judicial, sobre todo cuando se trata de presuntos hechos de corrupción.
Desde la droguería son contundentes: “No hay ni hubo irregularidad en las contrataciones”.
La causa actual se inició tras la difusión de los audios de Spagnuolo en los que hablaba sobre un supuesto esquema de corrupción y coimas dentro de Andis. En esas conversaciones involucró a Karina Milei y a “Lule” Menem.
La investigación sigue bajo secreto de sumario y los imputados aún no accedieron al expediente. Mientras tanto, la PIA y el fiscal Franco Picardi siguen recolectando pruebas y analizando documentación incautada durante los allanamientos. Se trata de una cantidad importante de papeles, carpetas y dispositivos electrónicos relacionados con compras de medicamentos.