Política

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se reunirán esta tarde en Casa Rosada con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, para expresarle su preocupación en torno a ciertas modificaciones que plantea la Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei respecto a la Ley de Pesca.

Torres mantendrá un primer encuentro a las 12 en la Casa de Chubut con empresarios del sector de la pesca. Estarán presentes el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), Lisandro Balermini; el gerente general de la entidad, Marcelo González; Miguel Glikman, Mariano Pérez y Claudio Guida, de la empresa Newsan; Antonio Solimeno, Alberto Procelli y Daniel Coluccio, del Grupo Solimeno; Fernando Jorge Artigau, del Grupo San Isidro; Gustavo Casanovas y Pedro Gordillo, de la empresa Arbumasa; Guillermo Cervio, del Grupo Iberconsa; y María Luján Galban, del grupo Moscuzza.

Una vez finalizado el encuentro, Torres partirá rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con Francos y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. El gobernador presentará los tres ejes principales de la propuesta diseñada esta semana junto a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Río Negro, Alberto Weretilneck; y Santa Cruz, Claudio Vidal; para evitar algunos cambios en la Ley de Pesca.

Antes del encuentro, este jueves el vocero Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre la situación de la pesca. "Estamos abiertos al diálogo y a discutir no solo ese punto sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia. Tenemos mucho expertise pero como cualquier ser humano uno puede cometer alguna cuestión a corregirse”.

El primer punto que Torres buscará evitar es la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, reglamentada en el Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), que con anterioridad a esta reforma de la Ley Ómnibus obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos del país, con el fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino.

Para Mar del Plata es un tema central el de la pesca. Estiman que se produce el 45% de los desembarques del país en el puerto de la ciudad. Con los cambios en la Ley habría un impcato en 35.000 puestos de trabajo.

Cerca de los dirigentes hay molestias porque no hubo consultas ni advertencias sobre lo que tenía la Ley.

“Con los cambios de la Ley Ómnibus, toda la cuota de recursos pesqueros que se licite podría descargarse en cualquier puerto, quitándonos algo tan preciado como es el control y la trazabilidad. Estamos hablando de buques que no tienen cámaras en bodegas y que no hay un control digital en redes como hay, por ejemplo, en otros países”, explicó el gobernador de Chubut.

El segundo punto que planteará Torres está vinculado a la competencia desigual en la asignación de cupos de captura generada por la modificación del Artículo 27° del Régimen de Pesca. “La nueva ley contempla un artículo que libera las licitaciones de cuota del recurso a cualquier buque extranjero sin contemplar los antecedentes de las empresas. Ahí hay una cuestión de soberanía preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina pierde miles de millones de dólares en la milla 200 por pesca ilegal”, indicó el gobernador en declaraciones radiales a medios locales.

En ese sentido, agregó: “Después hay otro punto también que le quita facultades al Consejo Federal Pesquero que es el órgano colegiado donde es vinculante la voz de las provincias, en este caso las provincias con costa marítima, que genera muchísimos dólares para la Argentina y que es necesario, sobre todo para cuidar el recurso, darle sostenibilidad y entre todos negociar lo que es el esfuerzo pesquero”.

El tercer aspecto a tratar de la Ley Ómnibus refiere a la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que constaba en el Artículo 40° de la misma ley y establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

“Hoy se plantea que sea una visión unilateral de una persona en la Casa Rosada que desconoce totalmente la realidad heterogénea de la Argentina. Hay una cuestión económica, una de control y una trazabilidad, y otra, que es la más grave, que tiene que ver con una cuestión de soberanía básicamente”, concluyó Torres.