El Gobierno les envió ayer a los gobernadores y legisladores un nuevo borrador de proyecto de “ley ómnibus” (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) que aspira a que sea aprobado antes del 25 de mayo, cuando se firmaría el “Pacto de Mayo”.
El proyecto es una versión actualizada y reducida de la que naufragó en la Cámara de Diputados en febrero, pese a su aprobación en general por mayoría. Y tiene nuevamente como claves las privatizaciones, que le darán dólares al Gobierno para salir del cepo o incluso dolarizar la economía argentina, en un movimiento similar al que implementó Carlos Menem en los ’90 con la Convertibilidad; el empleo público; y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), principalmente.
El RIGI es una de las grandes apuestas para que lleguen dólares de a millones, sobre todo en los sectores de energía y minería, que esperan estabilidad jurídica y fiscal a largo plazo, amortizaciones aceleradas y, sobre todo, la libre disponibilidad de sus divisas y sus ganancias para poder sacarlas del país.
Respecto a las privatizaciones, el proyecto autorizaría al Presidente de la Nación a vender la totalidad de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa, a cargo de los gasoductos y las represas de Santa Cruz) y la TV Pública. Además, se podrá privatizar el 100% o concesionar Agua y Saneamientos Argentina (AySA), el Correo Argentino, el Belgrano Cargas, los trenes de pasajeros -Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFSE-, las autopistas y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YRCT).
Mientras tanto, se fija un límite para que los privados puedan comprar solo el 49% y el Estado nacional mantenga el 51% de las acciones en las centrales nucleares -Nucleoeléctrica Argentina, NASA-, ARSAT (telecomunicaciones satelitales) y el Banco Nación y todas sus subsidiarias.
En relación a la primera versión, presentada en diciembre, se dejaron afuera de la propuesta a los puertos (AGP), Dioxitek -insumos nucleares para medicina y energía-, la fábrica de aviones (FADEA), el INTA -agricultura- e YPF, entre muchas otras sociedades estatales y mixtas.
En cuanto al régimen para grandes inversiones, se mantienen intactos los 65 artículos del proyecto anterior y se suman 4 nuevos. “Esto último muestra de manera explícita la relevancia que el Gobierno le da, a pesar de su narrativa liberal-libertaria, a un régimen de incentivo y promoción. Para esto sí hay plata o, al menos, margen para dejar de cobrarla”, analizó el ex subsecretario de Hidrocarburos y titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales.
Los proyectos aceptados en el RIGI serán los que tengan un compromiso de inversión de al menos 200 millones de dólares y gozarán de una alícuota del impuesto a las Ganancias del 25% y amortización acelerada, el no pago del impuesto al cheque, la exención de impuestos a las importaciones, además de que contarán con la totalidad de las divisas generadas por exportaciones a los 3 años de su adhesión.
Y sobre el empleo público, el Gobierno pretende luz verde para reasignar funciones, pasar a disponibilidad a los trabajadores estatales, apercibirlos, suspenderlos y despedirlos por distintos incumplimientos.
