El 5 de junio pasado, el Gobierno presentó en el Congreso un proyecto de ley de “principio de inocencia fiscal” para dar respaldo legal a medidas que facilitan el uso de dólares no declarados y actualizan los umbrales penales tributarios. Sin embargo, a más de dos meses, la iniciativa no comenzó a ser tratada y su discusión quedó postergada, al menos, hasta después de las elecciones legislativas.
El texto, impulsado por el titular de la Administración Federal de Recursos de la Comunidad Argentina (ARCA), Juan Pazo, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, propone reducir a tres años la prescripción por evasión tributaria, limitar las denuncias penales del fisco y elevar de manera significativa los montos mínimos para configurar delitos. Por ejemplo, el umbral para evasión simple pasaría de $1,5 millones a $100 millones, lo que dejaría firmes menos de 200 de las 6.652 denuncias actuales.
En la Casa Rosada ven este marco legal como un paso indispensable para consolidar las medidas que buscan “remonetizar” la economía con divisas que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. Incluso hubo provincias que anticiparon su adhesión al esquema, pero el debate parlamentario quedó relegado por la campaña.
Ganancias: arranque lento y dudas reglamentarias
Asociado a este paquete, el Ejecutivo lanzó en junio un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones. Según Pazo, apenas 10 mil contribuyentes se inscribieron. Es decir, una cifra ínfima frente al universo potencial que, de acuerdo con estimaciones privadas, supera las 900 mil personas entre autónomos y empleados.
Para especialistas como Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el bajo nivel de adhesión se explica por la falta de precisiones oficiales: “El micrositio de ARCA no tiene la información completa para la declaración jurada. La mayoría espera definiciones y hay tiempo hasta junio de 2026 para optar por el régimen”, indicó.
Otro punto pendiente es la inclusión de rentas del exterior. Un decreto inicial limitó el esquema a ingresos de fuente argentina, pero el proyecto no repitió esa restricción. La reglamentación que las incorpore aún está en preparación, aunque en el Gobierno admiten que el control de esos ingresos es más complejo. En particular, por operaciones financieras y de inversión que los contribuyentes mantienen fuera del país. Muchas veces en criptomonedas o acciones, cuyos rendimientos se consideran renta extranjera y quedarían excluidos hasta que se publique la nueva norma.
Dólares en el comercio: sin impulso claro
Pese a la habilitación para que todos los comercios cobren en dólares, el uso en transacciones minoristas todavía no muestra un repunte sostenido. Datos del Banco Central señalan que en junio se registraron 1,5 millones de operaciones por USD 2.373 millones, un 46% más interanual. Sin embargo, por debajo de las cifras de febrero —previas a la implementación de la medida—. Cuando hubo 1,9 millones de transacciones por USD 2.947 millones anteriormente.
En el Ejecutivo insisten en que es clave para dar certidumbre y acelerar la circulación de dólares “del colchón” hacia la economía formal. Sin embargo, la demora en el Congreso y las indefiniciones reglamentarias ralentizan el proceso. Mientras tanto, la oposición kirchnerista mantiene su resistencia a la norma, pese a que su aprobación podría destrabar medidas de alivio fiscal y reducir litigiosidad.
