El CPI delineó un plan que contempla 250 obras estratégicas, distribuidas en cuatro sectores productivos: energía, minería, alimentos y logística. La implementación de estos proyectos implicaría una inversión anual que oscilaría entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares. Según el diagnóstico presentado, la falta de infraestructura adecuada se constituye como el principal obstáculo para el crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), resumió la perspectiva del sector al expresar: “Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector. La gran ambición del CPI es poner este debate de manera permanente en la agenda nacional para lograr ese cambio indispensable”.
Dentro de las obras consideradas urgentes, el sector energético destaca por la importancia de varios proyectos, incluyendo el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto financiado a través de un préstamo sindicado que supera los 2.000 millones de dólares, el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país, que ya ha alcanzado más del 70% de su ejecución.
Se suman a este esfuerzo la finalización de la reversión del Gasoducto Norte y la construcción de un gasoducto de exportación hacia Brasil, iniciativas que incrementarán la capacidad de evacuación del gas producido en la cuenca neuquina. Alberto Calsiano, jefe del Departamento Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), alertó sobre la crítica situación de las redes de transmisión eléctrica de Extra Alta Tensión, que ya funcionan al límite de su capacidad, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Aseguró que es urgente fortalecer estas redes si se busca acompañar el crecimiento de Vaca Muerta junto a la creciente demanda industrial y residencial.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, añadió: “Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos. El crecimiento proyectado en sectores como el energético representa una oportunidad única que debemos acompañar”.
En cuanto al sector minero, la identificación de una red de conectividad adecuada para las actividades de producción de litio y cobre en el NOA se considera prioritaria. El CPI subrayó la necesidad de contar con rutas de acceso a los yacimientos, así como la modernización del San Martín Cargas. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), insistió en la urgencia de invertir en Transporte y Energía para evitar cuellos de botella en un sector con alto potencial de crecimiento.
El plan de modernización del Gobierno incluye la privatización de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza por un periodo de 50 años, buscando así reducir los costos logísticos que afectan la competitividad de las exportaciones.
Para el sector agroalimentario, se ha diseñado un conjunto de obras que busca ampliar el área regada en 1,5 millones de hectáreas y optimizar la gestión hídrica en la zona núcleo. Edgardo Castellanos, de la Corporación de Empresas Nacionales (COREBE), presentó un plan hídrico para el NOA que abarca obras como el acueducto de San Juancito en Jujuy y un acueducto de 210 kilómetros en Salta, así como la gestión de excedentes del sistema Bermejo-Bermejito.
La digitalización también forma parte de la conversación, con la expansión de redes 5G para aplicaciones en agricultura de precisión como una de las prioridades, en un contexto en el cual la Sociedad Rural Argentina está incorporando la infraestructura y el financiamiento a su agenda, junto con la demanda histórica de eliminación de retenciones.
El eje logístico del plan es la Vía Navegable Troncal. La nueva concesión, firmada en julio por el gobierno actual con un consorcio que incluye a una empresa belga, activa una reducción automática del 13,5% en el costo del peaje e incorpora obras de modernización tecnológica que permitirán mejorar la carga de los buques desde los puertos de origen. También se enfatizó la necesidad de optimizar los accesos terrestres a los puertos del Gran Rosario, un punto crítico que limita la capacidad de despacho de la producción del interior.
En paralelo, se expuso la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales a un plazo de 20 años mediante un modelo completamente privado y sin subsidios estatales, que representa un tercer pilar de lo que el Gobierno considera la mayor reforma de infraestructura en décadas.
Más allá de los aspectos sectoriales, la jornada del CPI resaltó tres exigencias comunes a todas las organizaciones: estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y financiamiento a largo plazo. Francisco Gismondi, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos, expresó que “para captar inversiones de largo plazo necesitamos consolidar la estabilidad macroeconómica, una moneda estable y más fuentes de crédito”, y destacó el crecimiento del crédito doméstico en los últimos dos años como base para impulsar viviendas y grandes proyectos.
Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, planteó la necesidad de un orden macroeconómico y fiscal, enfatizando que esto no debería lograrse a expensas del bienestar social. Advocó por un Estado eficiente que mantenga un rol activo en la planificación de una infraestructura que conecte al país y genere desarrollo.
El CPI está conformado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación General del Trabajo y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
