El relevamiento mostró una tendencia descendente en la participación de la inversión pública dentro de los presupuestos provinciales, aunque con diferencias marcadas entre las distintas jurisdicciones.
Entre 2024 y 2025, Río Negro tuvo el mayor crecimiento real del gasto de capital, con un aumento del 98,1%. Le siguieron San Juan, con una suba del 72,2%, y Entre Ríos, con 71,9%.
En el otro extremo, San Luis registró la mayor reducción, con una caída real del 48,3%. Chaco disminuyó este tipo de erogaciones un 35,8%, mientras que Jujuy lo hizo en un 26,6%.
Si se considera qué porcentaje del gasto total representaron las erogaciones de capital, Santiago del Estero encabezó el ranking con el 28,8%, seguida por La Pampa, con el 19,8%.
En el extremo inferior se ubicaron Tierra del Fuego, con una participación del 2,8%, y Santa Cruz, con apenas el 1,1%. Así, la diferencia entre las jurisdicciones con mayor y menor proporción destinada a inversión pública fue de casi 28 puntos porcentuales.
A nivel nacional, en tanto, el gasto de capital representó el 3% del total.
En la provincia de Buenos Aires, las erogaciones de capital alcanzaron el 6,6% del gasto durante 2025, por debajo del promedio del conjunto de las provincias. La participación volvió a disminuir durante el primer trimestre de 2026, cuando se ubicó en el 4,4%.
El análisis también vinculó la situación bonaerense con el histórico reclamo por la distribución de los recursos fiscales. La provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional y recibe el 21,2% de la masa coparticipable.
El estudio planteó que la distribución de los recursos representa una dificultad estructural para Buenos Aires, aunque también sostuvo que esto no impide analizar la forma en que la provincia asigna los fondos dentro de su propio presupuesto.
Además, señaló que los niveles de inversión en infraestructura bonaerense llevan más de dos décadas por debajo de los máximos registrados después del retorno de la democracia.
Ante este escenario, se propuso modificar la Ley de Administración Financiera Provincial para establecer de manera gradual un piso de gasto de capital equivalente al 20% del gasto total.
La iniciativa contempla comenzar con un mínimo del 10% en 2027, elevarlo al 13% en 2028 y al 16% en 2029, hasta alcanzar el 20% en 2030..
