De acuerdo con el cronograma original, este jueves a las 10 debía concretarse la apertura de los sobres con las propuestas para adquirir el control de la empresa estatal, que presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 localidades del conurbano bonaerense.
La privatización de AySA es uno de los principales procesos de transferencia de empresas estatales impulsados por el Gobierno de Javier Milei. El esquema contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado Nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de Propiedad Participada.
La conducción del proceso está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Poder Ejecutivo. El objetivo oficial es obtener alrededor de US$500 millones por la operación.
La apertura de los sobres constituye la primera etapa del procedimiento. En esa instancia se analizarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los participantes. Luego se avanzará con la precalificación, la apertura de las propuestas económicas y, finalmente, la eventual adjudicación.
El Gobierno estima que entre la apertura de las ofertas y la adjudicación podrían transcurrir unos 45 días, período que incluirá eventuales impugnaciones, informes y las distintas intervenciones administrativas propias del proceso licitatorio.
Uno de los requisitos centrales del pliego establece que el operador técnico debe acreditar experiencia en la prestación de servicios públicos. En particular, se exige contar con antecedentes tanto en agua potable como en desagües cloacales.
Entre los interesados aparecen empresas nacionales y operadores internacionales. El Grupo Roggio y Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con compañías extranjeras para conformar propuestas conjuntas, debido a que los participantes locales no contarían por sí solos con la experiencia exigida para cumplir las condiciones técnicas del pliego.
Entre los operadores internacionales que manifestaron interés se encuentran las brasileñas Sabesp y Águas do Rio. La primera presta servicios de agua y saneamiento en el estado de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas. La segunda opera servicios de agua potable y cloacas en municipios del estado de Río de Janeiro.
Ambas compañías brasileñas analizaron la posibilidad de asociarse con participantes locales para competir por AySA. Su eventual participación se produce además en un contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil.
También apareció como posible interesada la chilena Aguas Andinas, que presta servicios de agua potable en Santiago de Chile. Sin embargo, de acuerdo con información vinculada al proceso, finalmente no tendría previsto presentar una oferta.
La constructora JCR y la empresa israelí Mekorot también participaron de las instancias de consulta vinculadas con el concurso. En el caso de Mekorot, su participación no implicaría necesariamente una intención concreta de presentar una propuesta. Además, su condición de empresa estatal la dejaría excluida del proceso debido a las restricciones previstas para compañías de propiedad estatal.
También existen otros interesados locales que adquirieron el pliego. Sin embargo, el Gobierno considera que el dato determinante será cuáles de ellos presenten finalmente una oferta económica.
Durante la etapa de consultas se planteó si el operador técnico debía acreditar experiencia simultánea en agua potable y desagües cloacales o si bastaba con antecedentes en uno de los dos servicios. La respuesta oficial estableció que debía contar con experiencia en ambos.
El futuro contrato de concesión tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderse por otros 10. El esquema contempla una planificación dividida en períodos de cinco años, durante los cuales la concesionaria deberá presentar planes de acción con objetivos concretos de mantenimiento, mejora y expansión.
Las revisiones tarifarias también se realizarán cada cinco años, en reemplazo del mecanismo de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de las metas quedará bajo supervisión del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y sanciones frente a incumplimientos.
El plan de inversiones previsto alcanza los US$1.940 millones durante los primeros cinco años y US$2.030 millones en el segundo quinquenio. Para los 30 años de concesión, el monto total estimado asciende a US$15.040 millones.
Entre los objetivos para los primeros diez años se encuentra elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%. También se prevé instalar 100.000 medidores por año y renovar 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de redes cloacales en cada ciclo.
Uno de los principales cambios previstos en el nuevo contrato es la obligación de alcanzar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Estado. El esquema establece como regla permanente que la concesionaria deberá cubrir sus costos operativos mediante las tarifas.
El nuevo modelo también establece mecanismos de control, auditoría, revisión y multas vinculados con el cumplimiento de las metas y los compromisos de inversión.
El pliego no fija un precio mínimo ni una base pública para la venta de las acciones. El valor final dependerá de la competencia entre los oferentes que participen del proceso.
De acuerdo con el esquema previsto, la principal fuente de rentabilidad para el futuro operador estará vinculada con la generación de eficiencias operativas, a partir de mejoras en la gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción asumió en 2024, AySA tenía 7.800 trabajadores. Desde entonces, 1.500 empleados se retiraron mediante planes de retiro voluntario.
La empresa también redujo su nivel de morosidad del 16% al 11%, aunque el objetivo planteado es llevarlo hasta el 4%.
La privatización de AySA forma parte del programa de reducción de la participación estatal en empresas y actividades económicas impulsado por el Gobierno a partir de la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Dentro de ese programa, IMPSA fue la primera empresa privatizada durante la gestión de Milei. En febrero de 2025, la compañía metalúrgica mendocina fue adquirida por un consorcio estadounidense por US$27 millones.
En diciembre de 2025 se concretó además la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por aproximadamente US$700 millones.
En abril de 2026, el paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener, fue adjudicado por US$356 millones. Transener administra más de 12.600 kilómetros de redes de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
También se adjudicó por 25 años la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino, mientras que en el sistema vial se avanzó con concesiones privadas de rutas nacionales bajo esquemas sin subsidios.
Otros procesos, en cambio, acumularon dificultades. La licitación de Intercargo no recibió ofertas en su primer llamado y sufrió sucesivas postergaciones. En el caso de Belgrano Cargas, el proceso acumuló demoras y los pliegos continuaban en revisión al momento de elaborarse el cronograma.
Las estimaciones oficiales indican que el conjunto del programa de privatizaciones y concesiones podría generar ingresos de entre US$2.000 millones y US$3.000 millones antes de finalizar el año.
