La iniciativa fue analizada durante una reunión informativa de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. La propuesta fue elaborada por una entidad representativa del sector agropecuario y promovida por el diputado Martín Ardohain, presidente de la comisión.
Durante el encuentro, representantes de las principales entidades de la actividad agropecuaria expresaron su respaldo al proyecto. También manifestaron su acompañamiento legisladores de distintos espacios políticos, incluido Unión por la Patria (UxP).
Entre las modificaciones planteadas aparece la creación de la figura de “intrusión rural”, que establecería penas de entre uno y 12 meses de prisión para quienes ingresen sin autorización a terrenos delimitados mediante alambrados, tranqueras o carteles de advertencia.
El objetivo de esta figura es permitir la intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones como merodeos nocturnos, caza furtiva o tareas de reconocimiento que puedan estar vinculadas con una preparación previa para cometer un robo, sin necesidad de esperar a que el delito se concrete.
El proyecto también incorpora el concepto de daño agravado, con penas de entre dos y ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y 12 veces el valor del daño ocasionado. Entre los bienes especialmente contemplados figuran sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados.
Cuando el responsable del daño sea un funcionario público o una persona vinculada con la actividad agropecuaria, la propuesta establece que la pena mínima se duplique.
Desde una organización dedicada al seguimiento de políticas vinculadas con el sector agropecuario señalaron que actualmente el daño provocado sobre un silo bolsa cargado con granos puede recibir un tratamiento penal similar al de un daño menor ocasionado sobre un automóvil.
Los impulsores de la reforma remarcaron que el impacto de estos delitos no debería medirse únicamente por el costo de reposición del elemento dañado, sino también por la función que cumple dentro del proceso productivo.
Como ejemplo, señalaron el caso de una bomba de agua. Su destrucción puede comprometer el abastecimiento de un rodeo completo, teniendo en cuenta que una vaca de cría puede consumir entre 50 y 70 litros diarios durante el verano, con consecuencias económicas para la producción.
La iniciativa también modifica el delito de instigación pública. En caso de aprobarse, quienes inciten a cometer este tipo de delitos podrían recibir penas de entre dos y seis años de prisión. Si la incitación se realiza mediante redes sociales o medios de comunicación masiva, la pena se triplicaría.
Los representantes del sector consideraron que esta modificación resulta relevante frente al uso creciente de plataformas digitales para organizar y amplificar hechos delictivos vinculados con establecimientos rurales.
La reunión informativa constituye una instancia previa al tratamiento de un eventual dictamen en la Comisión de Agricultura. Desde las entidades agropecuarias manifestaron su expectativa de que la iniciativa reúna los apoyos necesarios para avanzar, luego de que los distintos sectores que participaron del encuentro expresaran su respaldo.
Si la comisión emite dictamen, el proyecto quedará en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.
