El análisis, realizado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central, compara los niveles de irregularidad de distintos actores del mercado crediticio y permite observar diferencias entre bancos públicos, privados, entidades provinciales, tarjetas no bancarias, fintech y prestamistas no bancarios.
Entre las modalidades con mayor morosidad aparecen los créditos de efectivo rápido y el financiamiento otorgado por casas de electrodomésticos, ambos con niveles superiores al 50%. En el extremo opuesto, los bancos públicos y provinciales presentan índices cercanos al 10%.
Los bancos privados registran una mora promedio del 19%, mientras que en los bancos estatales alcanza el 10%. Las tarjetas no bancarias presentan una tasa del 24% y las fintech superan el 23%. En tanto, los bancos provinciales privatizados mantienen niveles inferiores al 10%.
Los créditos de efectivo rápido son los que muestran el mayor nivel de incumplimiento, con una mora del 52,4%. Esto significa que más de la mitad de quienes accedieron a este tipo de financiamiento acumularon atrasos de al menos 90 días. En las casas de electrodomésticos, el índice también supera el 50%.
Las tarjetas de supermercados presentan una situación igualmente elevada, con una morosidad cercana al 40%. El monto promedio de estos créditos ronda los $800.000.
La edad también aparece como un factor relevante. Entre los jóvenes, de cada 100 personas alrededor de 32 acceden a algún tipo de crédito y el 9,5% se encuentra en situación irregular. Dentro de este grupo, la morosidad se aproxima al 40%.
Las diferencias regionales son marcadas. En Catamarca y San Luis, cerca de la mitad de los jóvenes que tienen créditos presentan algún grado de irregularidad. En San Juan, el porcentaje llega al 13%. En la Ciudad de Buenos Aires se registra el nivel más bajo, con un 5,4% de jóvenes en situación irregular, junto con una proporción de acceso al crédito menor que en otras jurisdicciones.
Los datos también muestran que la morosidad no se concentra exclusivamente en los grandes centros urbanos. Distintas provincias del interior presentan niveles elevados de incumplimiento, incluso en contextos caracterizados por bajos niveles de desempleo y salarios reducidos.
En cuanto al tamaño de los préstamos, los créditos promedio más altos corresponden al financiamiento automotor, que al mismo tiempo registra una morosidad de apenas el 4%. En los bancos públicos y privados, el crédito promedio se ubica en torno de $1,4 millones.
Las tarjetas de supermercados tienen un crédito promedio de aproximadamente $800.000, mientras que las tarjetas no bancarias alcanzan unos $700.000. En los créditos rápidos, generalmente destinados a resolver necesidades urgentes, el monto promedio ronda los $500.000.
En las fintech, el crédito promedio es considerablemente menor y se ubica en unos $181.000. En la principal empresa del segmento, el promedio desciende hasta aproximadamente $116.000.
El escenario también generó repercusiones dentro del Gobierno. El presidente difundió el análisis y cuestionó a quienes, según su postura, habían generado preocupación alrededor de la evolución de la morosidad.
En una reunión de gabinete, el Gobierno sostuvo que los indicadores no reflejan una situación de crisis y afirmó que el incremento de la mora comenzó a revertirse, con una tendencia descendente.
Entre las medidas adoptadas se encuentran acciones destinadas a facilitar la renegociación de deudas, extender plazos y modificar condiciones de financiamiento. También se impulsaron mecanismos para reducir el impacto de la inflación y del riesgo país sobre las condiciones crediticias.
El Banco Nación avanzó además con herramientas destinadas a facilitar la reestructuración de deudas. El Gobierno, sin embargo, no estableció una obligación para que los bancos privados adopten mecanismos similares.
La problemática afecta especialmente a quienes recurren a créditos de montos reducidos y a los usuarios jóvenes. Cuando los préstamos entran en mora, en numerosos casos las deudas son transferidas a empresas especializadas en recupero, donde los niveles de incumplimiento pueden llegar hasta el 98%.
