Durante la evaluación conjunta para definir las condiciones de la privatización, el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA) fue contratado por Empresa Mendocina de Energía (EMESA) y por Hidroeléctrica Nihuiles (HINISA), organismos provinciales vinculados con la administración del sistema. La firma tiene a su cargo tareas de mantenimiento en Los Nihuiles (HEMSA).
El presidente del directorio de EMESA, Mauricio Pinti Clop, comunicó la contratación a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre. CEMPPSA se encuentra bajo el control de Edison Energy y mantiene además vínculos con centrales que forman parte de la concesión, entre ellas Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal.
El dato genera preocupación porque CEMPPSA estaría vinculada a un grupo que manifestó interés en la privatización de Los Nihuiles, anunciada en julio por los gobiernos de Alfredo Cornejo y Javier Milei. La participación de la empresa en tareas de mantenimiento podría permitirle acceder a información técnica y operativa del complejo durante el proceso.
La familia Neuss también aparece vinculada a otros procesos de privatización impulsados durante la actual administración nacional. Juan y Patricio Neuss son mencionados entre los posibles interesados en la operación de Los Nihuiles.
El proceso también está rodeado de interrogantes sobre el estado de las centrales. El 11 de enero de 2025, una crecida del río Atuel provocó la inundación de las casas de máquinas de Nihuil II y III y ocasionó daños en generadores y sistemas auxiliares. Como consecuencia, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 9630, que declaró la emergencia del sistema por 14 meses y dejó a HINISA a cargo de la operación de manera provisoria.
La evaluación de los daños y la cobertura de los seguros todavía presentan cuestiones pendientes. Existen diferencias entre las alternativas técnicas analizadas para recuperar las instalaciones: una de las evaluaciones contempla una recuperación parcial, mientras que otra considera inviable esa alternativa y estima que sería necesaria la reconstrucción de las centrales, con un costo cercano a los 100 millones de dólares. El monto de las pólizas involucradas no fue informado públicamente.
La falta de información también alcanza a los pliegos de la licitación y al precio base o de reserva previsto para la venta del 100% de HEMSA. El esquema implicaría que Mendoza deje de tener su participación del 49% durante un período de 30 años y conserve el 6% de las regalías, mientras que otro 6% correspondería a La Pampa.
Ante este escenario, sectores de la oposición en la Legislatura mendocina propusieron crear una comisión bicameral para supervisar el proceso de concesión y garantizar el acceso a la información.
La privatización fue convocada de manera conjunta mediante el Decreto provincial 1436/26 y el Decreto nacional 667/26. La iniciativa busca establecer un nuevo esquema de explotación para un complejo considerado estratégico para la generación eléctrica de Mendoza.
La comisión propuesta tendría entre sus objetivos revisar el estado de las centrales afectadas, el avance en el cobro de los seguros y las condiciones previstas en la licitación. También buscaría conocer quiénes son los principales interesados en operar las instalaciones y controlar las condiciones de la adjudicación.
Otro de los puntos bajo seguimiento serían los ingresos que recibirá Mendoza por las regalías y las condiciones económicas de la explotación del complejo. Los legisladores también plantearon la necesidad de garantizar el abastecimiento energético para los hogares y las empresas de la provincia, además de evaluar el impacto que pueda tener el nuevo esquema sobre el costo de la energía.
El mecanismo de control propuesto no se limitaría al proceso de concesión. La intención es que la comisión pueda realizar un seguimiento de las distintas etapas de la privatización y de la posterior operación de las centrales por parte de los adjudicatarios.
De esta manera, la oposición busca que la Legislatura tenga participación y acceso a información sobre las condiciones de la concesión, los beneficios económicos para Mendoza y las consecuencias que el nuevo esquema pueda tener sobre el suministro eléctrico provincial.
