La estrategia oficial también alcanzará a las personas que intervengan en esas operaciones. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, explicó que las restricciones previstas por la normativa se aplicarán a empresas, proveedores y otros actores vinculados con la actividad hidrocarburífera en Malvinas. En ese marco, quienes queden alcanzados no podrán celebrar determinados acuerdos con el Estado argentino ni acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar en proyectos como Vaca Muerta.
El Ejecutivo también busca determinar qué directores, gerentes, administradores y otras personas participaron en las decisiones relacionadas con esas operaciones. Para ello, se prevé ampliar expedientes que ya están en marcha y promover nuevas acciones judiciales y administrativas.
La primera denuncia de esta nueva etapa alcanzó a Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y a las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. Según el Gobierno, las empresas desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con la autorización de las autoridades argentinas.
Uno de los principales focos de la disputa es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La iniciativa está vinculada con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con su desarrollo y proyectan comenzar a extraer petróleo en 2028.
Para el Gobierno argentino, el inicio de la producción modificaría el escenario debido a que supondría la extracción efectiva de recursos naturales que Argentina considera propios. Ravier sostuvo que la intervención debe producirse antes de que comience la explotación, ya que posteriormente resultaría más difícil detener las operaciones.
Junto con las medidas judiciales, el Ejecutivo modificó el esquema regulatorio. A través del Decreto 868/2026, la Cancillería pasó a ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y se incorporaron mecanismos destinados a detectar y comunicar posibles incumplimientos. También se establecieron declaraciones juradas para las empresas que busquen operar en el sector hidrocarburífero argentino o acceder al RIGI.
La nueva normativa apunta a impedir que compañías vinculadas con proyectos petroleros en Malvinas puedan beneficiarse simultáneamente de herramientas y programas ofrecidos por el Estado argentino. Entre las restricciones previstas se encuentra la imposibilidad de participar en proyectos de explotación de Vaca Muerta.
Según explicó Ravier, algunas grandes empresas proveedoras ya comunicaron que se desvincularon del proyecto Sea Lion para evitar quedar alcanzadas por las nuevas medidas.
La ofensiva se integra a una estrategia más amplia del Gobierno sobre la cuestión Malvinas, que combina herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales. En ese marco, la Cancillería realizó comunicaciones destinadas a desalentar la participación de empresas y países en proyectos hidrocarburíferos en la zona y el Ejecutivo impulsa además un endurecimiento del régimen sancionatorio establecido por la Ley 26.659.
En paralelo, ya se iniciaron procedimientos administrativos contra empresas, accionistas, directivos y proveedores relacionados con las actividades petroleras en Malvinas. De esta manera, el Gobierno busca ampliar el alcance de las medidas y no concentrarlas únicamente en las compañías que participan directamente de los proyectos.
