Durante la conferencia de prensa habitual de los lunes, Bianco afirmó que los indicadores de seguridad en la provincia muestran una evolución favorable respecto de años anteriores. Según planteó, Buenos Aires representa el 40% de la mejora registrada en los indicadores de seguridad a nivel nacional.
El funcionario cuestionó que, al mismo tiempo que se reconoce una disminución del delito en el país, se describa la situación bonaerense como un “baño de sangre”. En ese sentido, sostuvo que ambas afirmaciones resultan contradictorias.
Las declaraciones se produjeron luego de los reclamos formulados por el municipio de José C. Paz, encabezado por Mario Ishii, para reforzar las políticas de seguridad. También tuvieron lugar después de que los bloques de La Libertad Avanza impulsaran un pedido de interpelación al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a raíz de una serie de crímenes ocurridos en el conurbano.
Bianco reconoció que el delito continúa siendo un problema en la provincia y señaló que la gestión trabaja en la incorporación de tecnología, patrulleros y una mayor coordinación con los municipios. En ese marco, cuestionó la interrupción del fondo de fortalecimiento fiscal que, según explicó, era utilizado principalmente para políticas de seguridad.
De acuerdo con el ministro, hasta el año pasado estaba prevista una asignación de $750.000 millones para la compra de patrulleros, recursos que finalmente no fueron transferidos. Frente a esa situación, la Provincia destinó $170.000 millones para cubrir parte del faltante, aunque Bianco consideró que ese esfuerzo no alcanza para atender todas las necesidades.
El funcionario sostuvo que la reducción del delito requiere sostener en el tiempo las políticas implementadas y afirmó que la problemática no puede resolverse únicamente mediante reclamos políticos.
En paralelo, Bianco detalló cómo se compone el monto que la Provincia atribuye a Nación. El primer bloque corresponde a deudas directas, vinculadas con obligaciones establecidas por ley o acuerdos presentados ante la Corte Suprema de la Nación. Dentro de este grupo, el principal concepto está relacionado con las transferencias de ANSES destinadas a la caja provincial, por un monto de $4,7 billones.
El segundo componente corresponde a obras públicas y convenios que, según la administración bonaerense, fueron discontinuados. Allí se incluyen 180 proyectos que estaban siendo ejecutados directamente por el Gobierno nacional, 105 convenios vinculados con el Procrear, acuerdos entre la Nación y los municipios y obras en establecimientos educativos. Este bloque representa $10,1 billones.
El tercer grupo surge de las proyecciones realizadas por la gestión de Axel Kicillof a partir de la interrupción de distintos fondos. Incluye recursos destinados al fortalecimiento fiscal, el Fonid para completar los salarios docentes, programas alimentarios y fondos para el transporte del interior. En conjunto, estos conceptos representan $4,3 billones.
La suma de los tres bloques alcanza los $19,1 billones. A ese monto, la Provincia incorpora la caída de los Recursos de Origen Nacional (RON) y de los Recursos de Origen Provincial (ROP), con lo que la estimación total llega a $28,4 billones.
Pese a este escenario, Bianco destacó que la administración de Kicillof continúa realizando negociaciones paritarias, pagando los salarios en término, ejecutando obras públicas y cumpliendo con sus obligaciones financieras. Según sostuvo, mantener esas políticas implica un esfuerzo significativo para las cuentas provinciales.
