La resolución no determinó que el lanzamiento de $LIBRA haya sido ajeno a una eventual manipulación ni estableció que las acusaciones de fraude fueran falsas. El fallo se concentró en analizar si los demandantes habían cumplido con los requisitos legales necesarios para sostener sus reclamos, entre ellos los previstos por la legislación federal RICO.
Uno de los principales puntos analizados fue precisamente la aplicación de RICO, una norma utilizada en Estados Unidos para perseguir determinadas estructuras de crimen organizado. Rochon consideró que los demandantes no habían demostrado un patrón de actividad ilícita con la continuidad temporal exigida por esa legislación. Según la resolución, los hechos descriptos en la demanda se habrían desarrollado durante un período aproximado de seis meses.
La magistrada también rechazó la posibilidad de que los demandantes presentaran una nueva versión de la demanda para corregir las deficiencias señaladas por el tribunal. Por ese motivo, el expediente quedó cerrado y la desestimación fue dictada “with prejudice”, lo que impide volver a plantear esos mismos reclamos ante ese tribunal en esos términos. Los demandantes todavía pueden recurrir la decisión ante una instancia superior.
En el caso de Davis y las entidades vinculadas con Kelsier Ventures, el tribunal concluyó que los reclamos formulados bajo RICO no habían sido suficientemente fundamentados. Además, consideró que otros planteos no podían continuar debido a la falta de jurisdicción personal de los tribunales de Nueva York sobre determinados demandados.
La situación de Ben Chow fue analizada por separado. La jueza también desestimó las acusaciones de fraude en su contra al considerar que una de las declaraciones que se le atribuían, realizada durante una conversación vinculada con el lanzamiento de otro token, podía ser interpretada de una manera compatible tanto con una actividad legal como con la interpretación planteada por los demandantes.
En ese análisis, Rochon señaló que la búsqueda de ganancias, por sí sola, no permite demostrar una intención fraudulenta.
Otro de los puntos abordados fue la situación jurídica de Meteora, la plataforma utilizada para el lanzamiento de distintos tokens. Los demandantes habían sostenido que se trataba de una asociación no constituida formalmente que podía ser demandada. La jueza consideró que no habían presentado elementos suficientes para demostrar que Meteora reunía las condiciones necesarias para ser considerada una asociación no constituida demandable bajo la legislación de Nueva York o la normativa federal.
De esta manera, el fallo se centró en la suficiencia de las acusaciones, los requisitos para aplicar RICO, la jurisdicción de los tribunales de Nueva York sobre determinados demandados y la posibilidad de considerar a Meteora como una entidad susceptible de ser demandada.
La resolución se suma a una decisión adoptada durante 2025, cuando la misma jueza rechazó una medida cautelar solicitada por los demandantes y dispuso el levantamiento del congelamiento de activos que había alcanzado fondos vinculados con Davis.
En Argentina, mientras tanto, continúa la investigación penal a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. La causa analiza, entre otros aspectos, la participación de Javier Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y otros involucrados en el lanzamiento y la promoción de $LIBRA.
El cierre de la demanda civil en Estados Unidos no resuelve esas investigaciones ni constituye un pronunciamiento sobre la existencia de un delito relacionado con el lanzamiento del token. Se trata de una decisión referida al cumplimiento de los requisitos legales para sostener los reclamos planteados por los inversores ante los tribunales federales de Nueva York.
En paralelo, en Argentina, la Cámara Federal resolvió que los damnificados no pueden intervenir como querellantes en la investigación encabezada por Taiano. Esa decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
