La advertencia oficial se produjo luego del inicio de una ronda de negocios que reúne en Punta Arenas a empresarios de las islas y compañías de la Región de Magallanes. El encuentro generó preocupación en Buenos Aires debido a la participación de firmas vinculadas con distintos sectores, entre ellos el energético.
Quirno sostuvo que la actividad fue impulsada por la administración local de Punta Arenas y no por el Gobierno nacional chileno. En ese sentido, diferenció la iniciativa comercial de una eventual política oficial de Santiago y señaló que la Argentina continuará observando su evolución.
El canciller recordó que durante la reunión mantenida el 3 de septiembre entre Javier Milei y Kast ambos gobiernos acordaron que Chile no brindaría apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas. Según Quirno, la Argentina no tiene motivos para poner en duda ese compromiso.
El funcionario también anticipó que, si los acuerdos no fueran respetados, el Gobierno argentino utilizará las herramientas disponibles dentro del marco jurídico, legal y diplomático. La posición oficial, según explicó, continuará siendo pacífica y diplomática, con especial atención sobre cualquier asistencia logística vinculada con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales.
La actividad comercial se desarrolla durante dos jornadas en Punta Arenas y reúne a una delegación de casi 40 empresarios y funcionarios de las islas. La misión incluye representantes de sectores como construcción, pesca, comercio, hotelería, agricultura, servicios portuarios, ciencia antártica y transporte marítimo.
El encuentro contempla reuniones entre las compañías de las islas y alrededor de 60 empresas de la Región de Magallanes. Los organizadores estiman que los acuerdos comerciales podrían generar negocios por unos US$20 millones anuales para la región y buscan convertir a Punta Arenas en un centro de abastecimiento para los habitantes del archipiélago.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participa de la organización del encuentro. La delegación de las islas está encabezada por representantes de la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y de la Cámara de Comercio del archipiélago.
Mientras el Gobierno argentino intenta mantener el vínculo con Chile dentro de los canales diplomáticos, también observa con atención declaraciones realizadas por integrantes de la administración de Kast sobre la relación con las islas.
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, ratificó el respaldo formal de Chile al reclamo argentino de soberanía, pero también sostuvo que existe una situación de hecho vinculada con la administración británica de las islas. Además, planteó que una solución debería contemplar la voluntad y los intereses de las personas que viven en el archipiélago, una posición vinculada con el principio de autodeterminación que Argentina rechaza.
Barros también cuestionó las restricciones establecidas para los buques que se dirigen a las islas y sostuvo que esas medidas perjudicaron las posibilidades comerciales de la Región de Magallanes. En ese sentido, anticipó modificaciones sobre ese esquema y confirmó planes para reforzar la presencia militar chilena en la zona austral.
Respecto de la explotación petrolera, el ministro chileno diferenció esa actividad del comercio de bienes básicos y reconoció que se trata de un asunto con mayores posibilidades de generar conflictos.
Frente a estas declaraciones, Quirno respondió que el compromiso asumido por el presidente Kast constituye la referencia para el Gobierno argentino y aseguró que no recibió ninguna señal que indique un incumplimiento de lo acordado entre ambos mandatarios.
La preocupación argentina también está vinculada con un acuerdo firmado el mismo 3 de septiembre entre el Gobierno de las islas y la empresa chilena Easter Island Naviera. El convenio contempla una conexión marítima directa entre Stanley y Punta Arenas, con una posible extensión posterior hacia Valparaíso y San Antonio.
El primer viaje de esa nueva ruta está previsto para mediados de noviembre de 2026. De concretarse, permitiría reducir aproximadamente a la mitad la distancia que actualmente recorren los habitantes de las islas para abastecerse desde Montevideo, que hasta ahora constituye su principal punto de provisión.
En paralelo, el Gobierno argentino avanzó con medidas relacionadas directamente con la explotación hidrocarburífera en la zona. Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales para iniciar el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida apunta a cuestionar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion. El Ejecutivo argentino intimó al Reino Unido a detener las operaciones en un plazo de 14 días y anticipó que, si el requerimiento no es atendido, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina sostiene sobre su plataforma continental.
Además, la Presidencia instruyó el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra Thales UK Limited, a la que el Gobierno argentino acusa de operar vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica sin autorización argentina.
Según la información oficial, esos vuelos fueron utilizados para trasladar a integrantes de la delegación de las islas que participa de la ronda comercial en Punta Arenas. El Gobierno también resolvió iniciar gestiones diplomáticas relacionadas con esa situación.
De esta manera, mientras Argentina procura preservar el entendimiento alcanzado con el Gobierno chileno, la administración de Milei mantiene abiertas distintas vías diplomáticas, jurídicas y administrativas vinculadas con las actividades comerciales, logísticas y energéticas relacionadas con las Islas Malvinas.
