La acusación surgió luego de que el Gobierno provincial entregara 81 decretos de adjudicación correspondientes a nuevas viviendas. Rodríguez Saá sostuvo que las casas deben destinarse a las familias que más las necesitan y cuestionó que puedan resultar beneficiadas personas que tengan cercanía política con Poggi.
El planteo se produjo un día después de que la Provincia anunciara el inicio de la construcción de 81 unidades habitacionales en el marco del programa “Tenemos Futuro”, que contempla obras en más de 30 localidades.
Durante el acto oficial, las familias seleccionadas recibieron los decretos que formalizan las adjudicaciones. El Gobierno provincial presentó el programa como parte de la reactivación de la construcción de viviendas y de la generación de puestos de trabajo en distintas zonas de San Luis.
La denuncia del exmandatario, sin embargo, no estuvo acompañada por un listado de beneficiarios que hubieran recibido viviendas de manera irregular, expedientes específicos cuestionados ni documentación que respaldara casos concretos. El planteo se concentró en el criterio político utilizado para administrar la política habitacional.
El sistema de adjudicación informado por el Gobierno provincial contempla una etapa de inscripción y la verificación del cumplimiento de distintos requisitos antes de avanzar con la asignación de las viviendas. Entre las condiciones figuran la residencia en San Luis, la composición del grupo familiar, no contar con una vivienda propia y no haber recibido anteriormente una adjudicación.
Además, la administración provincial realiza controles sobre la información presentada por los postulantes. Estas verificaciones pueden determinar la exclusión de una persona o familia si se detectan datos incorrectos o incompatibilidades, incluso después de realizado el sorteo.
En anteriores procesos, el Ejecutivo provincial había aclarado que resultar seleccionado mediante sorteo no implica automáticamente convertirse en adjudicatario definitivo. Luego de esa instancia se realiza un control de la documentación y de las condiciones requeridas para acceder a la vivienda.
En este contexto, el mecanismo administrativo constituye el procedimiento establecido por la Provincia para determinar quiénes pueden acceder a las unidades habitacionales. La aplicación de ese sistema, no obstante, no reemplaza la revisión individual de cada expediente.
Respecto de las 81 viviendas cuyo proceso de construcción comenzó recientemente, Poggi señaló que las familias comenzarán a pagar una vez que las unidades estén terminadas. La primera cuota será de $60.000 y posteriormente se actualizará cada seis meses de acuerdo con la evolución del índice salarial promedio del país.
El gobernador explicó que el esquema de pago busca generar un mecanismo de financiamiento que permita recuperar recursos a medida que las familias abonan sus cuotas y destinarlos a la construcción de nuevas viviendas.
La discusión política quedó planteada, así, entre el cuestionamiento de Rodríguez Saá sobre los criterios de selección de beneficiarios y el procedimiento de inscripción, sorteo y verificación que sostiene el Gobierno provincial para avanzar con las adjudicaciones.
