Durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, la expectativa predominante era que el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción de la inflación y la estabilidad cambiaria fueran el punto de partida para una recuperación posterior. Sin embargo, distintos indicadores comenzaron a instalar dudas sobre la velocidad y el alcance de esa eventual recuperación.
El punto de partida de la actual administración estuvo marcado por una inflación anual del 211%, un riesgo país cercano a los 2.000 puntos y un mercado cambiario caracterizado por múltiples cotizaciones. En la actualidad, la inflación mensual se ubicó en 1,7%, el tipo de cambio presenta mayor estabilidad y las cuentas fiscales muestran un mayor orden, aunque parte de ese resultado está asociado a la postergación de determinados pagos.
El problema aparece al observar la evolución de la actividad. El Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio, uno de los retrocesos mensuales más importantes de los últimos años. A esto se sumaron un incremento de cuatro puntos en la pobreza y una disminución cercana al 6% en el índice de confianza en el Gobierno durante septiembre.
También se produjo un cambio significativo en el riesgo país. Luego de ubicarse cerca de los 400 puntos en julio, el indicador avanzó hasta alrededor de 640 puntos. Aunque permanece muy por debajo de los niveles registrados al inicio de la actual gestión, el aumento afecta las expectativas de los inversores y encarece las condiciones de financiamiento.
El escenario también plantea una discusión sobre el origen del crecimiento. Vaca Muerta, la minería y el sector agropecuario muestran una evolución positiva y las exportaciones argentinas superaron los US$100.000 millones. Sin embargo, la industria, el comercio y la construcción atraviesan una situación diferente, con niveles de actividad que continúan debilitados.
Esta diferencia entre sectores genera un efecto desigual sobre la economía. Las actividades vinculadas a los recursos naturales pueden expandirse sin producir, necesariamente, el mismo impacto sobre el empleo y el consumo en los grandes centros urbanos. En ese contexto, permanecen bajo presión miles de puestos de trabajo vinculados a la industria, el comercio y la construcción.
El debate también alcanza a la inversión. Para quienes evalúan colocar capital en la Argentina, la evolución de las variables económicas se combina con la incertidumbre política y electoral. A esto se suma que las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen rendimientos de entre 4% y 5%, lo que constituye una alternativa para los inversores frente a los riesgos asociados al mercado argentino.
La incertidumbre aumenta cuando se incorporan las expectativas electorales. El escenario político dejó de presentar como única posibilidad una continuidad asegurada del oficialismo y comenzó a contemplar alternativas como un eventual balotaje. Para los inversores, esa situación agrega un componente de incertidumbre a la evaluación de proyectos de largo plazo.
En paralelo, desde sectores de la oposición también se cuestiona el rumbo económico. Axel Kicillof planteó en Estados Unidos que la situación actual no sería sostenible y sostuvo que el dólar se encuentra subvaluado. A nivel nacional, Máximo Kirchner propuso un nuevo impuesto sobre las transferencias financieras.
Estas posiciones también forman parte de las variables que observan los empresarios a la hora de decidir nuevas inversiones. La posibilidad de mayores cargas tributarias futuras aparece como un elemento adicional en las decisiones vinculadas con la apertura de plantas, ampliación de capacidad productiva o lanzamiento de nuevas líneas.
El escenario deja planteada una dualidad. Por un lado, existe la preocupación por preservar la estabilidad macroeconómica; por otro, aparece el desafío de conseguir que esa estabilidad se traduzca en una recuperación más amplia de la actividad y del empleo.
La situación resulta especialmente relevante para las empresas que dependen del mercado interno. Mientras algunos sectores vinculados con la energía, la minería y el agro avanzan, otras actividades enfrentan menores niveles de ventas. La ausencia de mecanismos de apoyo para una reconversión productiva puede profundizar las diferencias entre sectores.
La discusión alcanza también a los votantes que respaldaron al Gobierno en 2023. Si la estabilización no se traduce en una mejora perceptible de la actividad, los ingresos y el empleo, las expectativas depositadas inicialmente podrían modificarse de cara a 2027.
A este cuadro económico se suma el impacto sobre la credibilidad de la administración. Manuel Adorni ha recibido cuestionamientos vinculados con su actuación y con distintos episodios que afectaron la percepción de transparencia del Gobierno. Entre los casos mencionados aparecen las controversias relacionadas con $LIBRA y ANDIS.
El planteo sobre la transparencia adquiere relevancia porque una de las principales banderas con las que el oficialismo llegó al poder fue la diferenciación respecto de las prácticas de gobiernos anteriores. Aunque los hechos cuestionados no sean equiparables por su magnitud con episodios de otras administraciones, el texto plantea que su impacto sobre la percepción pública puede resultar relevante.
También comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre la consistencia de algunas afirmaciones económicas realizadas por Milei. Las dudas no se limitan a sectores críticos del Gobierno, sino que alcanzan a inversores y participantes del mercado que analizan la evolución de los indicadores.
El punto central del debate queda así concentrado en una pregunta: si la estabilización constituye efectivamente el primer paso hacia una etapa de crecimiento o si ambas variables pueden evolucionar de manera diferente.
La administración de Milei logró atravesar dificultades vinculadas con la construcción de poder político que inicialmente eran consideradas obstáculos, como la falta de una estructura territorial propia y de experiencia de gestión. Ahora, el desafío se presenta en el terreno económico, precisamente el área sobre la que el Gobierno construyó buena parte de su identidad política.
Los datos de actividad, pobreza, confianza, riesgo país y comportamiento sectorial son los elementos que alimentan las dudas sobre la próxima etapa. El interrogante que queda abierto es si el esquema económico podrá sostener la estabilidad alcanzada y, al mismo tiempo, generar las condiciones para una expansión más extendida de la economía.
