Según explicó Caputo, los extranjeros que puedan acreditar inversiones consideradas relevantes en el país estarán habilitados a iniciar el trámite. El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa contempla dos alternativas para los interesados. Una de ellas consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional. La otra establece la suscripción de un título público creado específicamente para este mecanismo, por un valor de 800.000 dólares.
La posibilidad de acceder a la ciudadanía también alcanzará a determinados familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años podrán incorporarse mediante un aporte adicional de 100.000 dólares al Tesoro Nacional por persona, mientras que para los menores de 18 años el monto adicional será de 25.000 dólares.
De esta manera, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad podría acceder al programa mediante un aporte total de 500.000 dólares.
El Gobierno estableció además un proceso de evaluación para determinar la admisibilidad de cada solicitud. El objetivo será verificar aspectos vinculados con la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y la ciudadanía argentina. El esquema incorporará procedimientos de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, en línea con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y quedar sujetos a las normas vigentes sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la participación de distintos organismos públicos. Entre ellos estarán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
El análisis de cada postulante incluirá la comprobación de su identidad, la trazabilidad y el origen lícito de los fondos, su situación patrimonial y financiera, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.
Una vez finalizada esa revisión, la Agencia remitirá una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Ese organismo será el encargado de tomar la decisión final sobre la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa forma parte de una política de apertura e integración internacional y de las reformas orientadas a atraer inversiones. El objetivo declarado es fortalecer los vínculos de la Argentina con otros países, proyectar internacionalmente el valor de su ciudadanía y consolidar al país como un destino abierto para nuevos capitales.
