La legisladora porteña Silvia Lospennato sostuvo que un acuerdo no debería limitarse a una estrategia electoral, sino que tendría que establecer objetivos compartidos y definir cómo se abordarán las diferencias en materia de ingresos, empleo y políticas nacionales. En ese sentido, remarcó que la prioridad es acordar qué se pretende hacer con el país antes de avanzar en un formato electoral.
La dirigente también consideró que las negociaciones deben involucrar a las estructuras partidarias y no quedar reducidas a acuerdos individuales. La posibilidad de un entendimiento entre ambos espacios convive, además, con las tensiones que atravesaron la relación entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, que se habrían profundizado a partir de diferencias vinculadas con cambios en el Gabinete nacional.
En materia económica, el PRO mantiene su respaldo a varios aspectos de la gestión libertaria, aunque busca incorporar modificaciones en una eventual agenda común. La postura del espacio apunta a preservar los resultados del ajuste fiscal, pero atender al mismo tiempo los problemas que todavía afectan a los hogares, especialmente en materia de salarios, empleo e ingresos disponibles.
Uno de los puntos centrales es el impacto de la recomposición de los precios relativos sobre el presupuesto familiar. El mayor peso de los servicios y el transporte, junto con la reducción del dinero disponible después de afrontar los gastos esenciales, representa una dificultad para amplios sectores de la clase media y los trabajadores.
La legisladora también identificó a la industria y la construcción como actividades que necesitan recuperar dinamismo para no quedar rezagadas frente a otros sectores de la economía. Sin embargo, marcó límites a las posibles medidas que podrían incorporarse a un programa compartido: descartó volver a un esquema de expansión del gasto público sin respaldo y rechazó iniciativas que impliquen desequilibrios fiscales o emisión monetaria.
En paralelo, la dirigente se refirió a distintas prioridades de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, destacó el traslado de la cárcel de Devoto y la finalización del establecimiento penitenciario construido en Marcos Paz para posibilitar el traspaso de los detenidos al ámbito nacional.
Según explicó, las obras habían quedado paralizadas tras la reducción de los recursos coparticipables que recibía la administración porteña. No obstante, el Gobierno de la Ciudad decidió completar los trabajos por considerarlos prioritarios para el barrio de Devoto.
La situación del sistema de salud pública también formó parte de su balance. La legisladora señaló que la utilización de los hospitales porteños aumentó un 30% y destacó la realización de más de 500 obras en establecimientos sanitarios, junto con inversiones en tecnología y mejoras edilicias.
Respecto de la asignación de turnos, defendió la prioridad para los residentes de la Ciudad en el sistema programado. Aclaró, sin embargo, que la atención en las guardias se determina según la gravedad de cada caso, independientemente del lugar de residencia del paciente.
Otro de los proyectos abordados fue la futura Línea F del subte, que requerirá expropiaciones para construir algunas de sus estaciones. Una de las ubicaciones previstas se encuentra en la zona de Corrientes y Callao, donde las obras podrían afectar propiedades y comercios.
Aunque la Legislatura porteña ya autorizó el financiamiento de la nueva línea, todavía está pendiente el tratamiento del proyecto que habilitaría las expropiaciones. La intención, según indicó la dirigente, es analizar alternativas para reducir el impacto sobre los establecimientos de la zona, incluida una librería ubicada en el área prevista para la obra.
En materia de movilidad urbana, también mencionó propuestas para construir estacionamientos subterráneos en plazas porteñas. De todos modos, sostuvo que la solución de fondo a los problemas de congestión y estacionamiento debe centrarse en fortalecer el transporte público y reducir la dependencia del automóvil particular.
Por último, presentó la red VEGA, una iniciativa orientada a ampliar la participación laboral de las mujeres en distintos sectores productivos. La propuesta vincula la equidad de género con el desarrollo económico y la incorporación de más trabajadoras al mercado laboral.
