La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y responde a un pedido presentado por la provincia de Buenos Aires a través del decreto 1270.
La homologación nacional se concretó casi dos meses después de que el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, declarara la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas. Además, la aprobación se produjo cuando faltaban apenas cinco días para el vencimiento del período establecido por la administración provincial.
Entre los beneficios contemplados se encuentran las prórrogas impositivas y las facilidades crediticias destinadas a aliviar la situación de los establecimientos rurales perjudicados por los anegamientos.
Para instrumentar estas medidas, la normativa dispone que las entidades bancarias nacionales, tanto oficiales como mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adopten los procedimientos necesarios para garantizar el acceso de los productores a los beneficios previstos.
Los establecimientos alcanzados deberán contar con un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires. Ese documento permitirá acreditar que los campos o explotaciones agropecuarias están comprendidos dentro de la declaración de emergencia o desastre.
Asimismo, el Gobierno bonaerense deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios un listado con los productores afectados, a fin de avanzar con la implementación de las medidas establecidas.
