La propuesta seleccionada fue la única que superó la instancia de evaluación de admisibilidad. Se trata de un proyecto impulsado por un consorcio integrado por tres empresas privadas, que plantea financiar las obras con capital propio y recuperar la inversión mediante el cobro de peajes, tarifas de estacionamiento y estadía.
La concesión tendrá una duración inicial de dos décadas, con posibilidad de extenderse por otros cinco años. Durante ese período, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la administración, operación, mantenimiento y explotación del complejo, sin aportes económicos del Estado nacional.
El Centro de Fronteras comprende el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI). Ubicado frente a la ciudad brasileña de Uruguayana, en el estado de Río Grande del Sur, constituye el principal paso fronterizo del interior argentino y la segunda aduana del país por volumen de movimiento.
Con una superficie superior a los 900.000 metros cuadrados y capacidad de estacionamiento para aproximadamente 900 camiones, el predio concentra una parte fundamental del intercambio comercial terrestre entre Argentina y Brasil. Por sus instalaciones circulan principalmente exportaciones de arroz e importaciones de maquinaria destinada a plantas industriales argentinas. En el caso del arroz, el complejo canaliza el 15,6% de las ventas externas nacionales de ese producto, cuyo principal destino es el mercado brasileño.
La actividad incluye el control del tránsito internacional de cargas, tareas de almacenamiento, carga y descarga, además de procedimientos vinculados con la gestión aduanera. El movimiento habitual se ubica entre los 700 y los 1.000 camiones diarios, aunque las cifras también registran promedios superiores a esa última cantidad.
El proyecto seleccionado contempla una renovación integral de la infraestructura y de los servicios disponibles para el transporte de cargas. Entre las intervenciones previstas figuran la recuperación de sectores operativos, la repavimentación de calzadas y la modernización de los sistemas de iluminación, señalización y pesaje. También se proyecta rehabilitar el Centro de Control Operativo e incorporar tecnología de inspección no intrusiva.
El plan incluye, además, el traslado de la terminal de ómnibus al predio del COTECAR y la construcción de espacios de alojamiento y servicios para conductores. La iniciativa contempla áreas comerciales, una estación de servicio, un taller mecánico, una gomería y un lavadero que permitirá reutilizar el agua.
Otro componente del proyecto es la instalación de un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de un megavatio (MW), susceptible de ampliación. La energía generada estará destinada al abastecimiento del complejo y los excedentes podrán incorporarse a la red eléctrica.
El consorcio que presentó la iniciativa está conformado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. Las tres firmas fueron consideradas por el Gobierno como complementarias en función de la experiencia vinculada con el transporte, la logística y la ejecución de obras de infraestructura.
De acuerdo con el decreto, la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera del futuro concesionario deberá verificarse de manera definitiva durante el proceso de selección. La declaración de interés público no implica una adjudicación ni garantiza que el consorcio resulte ganador de la futura licitación.
El proceso comenzó en octubre de 2024, cuando se abrió la convocatoria para recibir propuestas de inversión privada a través de la Resolución 112/24 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. La iniciativa se encuadró en el Régimen de Iniciativa Privada, establecido por el decreto 713/24, reglamentario de la Ley Bases, y en las disposiciones de la Ley 17.520.
Posteriormente, mediante la Resolución 172/24, el plazo de presentación se extendió hasta el 3 de febrero de 2025. En ese período se recibieron ocho propuestas de distintos grupos empresarios y consorcios interesados en hacerse cargo de la renovación y explotación del establecimiento.
Tras analizar las condiciones de admisibilidad, siete iniciativas fueron descartadas por no reunir los requisitos establecidos. La presentada por el consorcio seleccionado fue la única habilitada para avanzar hacia la declaración de interés público, instancia que permite comenzar a preparar las condiciones de la futura contratación.
El decreto fue firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. A partir de esta decisión, la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá elaborar y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, con intervención del Ministerio de Economía, y posteriormente convocar a una licitación pública.
En esa etapa se definirá quién tendrá a su cargo la concesión y se comprobarán las capacidades del adjudicatario. Los pliegos deberán establecer las obligaciones de inversión, operación y mantenimiento, la distribución de riesgos, las garantías exigidas, los mecanismos de fiscalización y control, los indicadores de desempeño y el régimen de penalidades.
Pese al cambio en el esquema de administración, las funciones de control aduanero, migratorio y sanitario continuarán bajo responsabilidad del Estado. La Aduana, Migraciones, SENASA, Sanidad de Frontera y Gendarmería Nacional mantendrán sus respectivas competencias dentro del complejo.
La iniciativa forma parte de un plan más amplio del Gobierno nacional para extender el sistema de concesiones privadas a otros 13 centros de frontera del país. Entre los antecedentes figura el Centro Unificado de Frontera de Santo Tomé, también en Corrientes, que funciona bajo administración privada desde hace varios años.
