El principal factor detrás de este resultado son los derechos de exportación, que reducen los precios que reciben los productores en comparación con las cotizaciones internacionales. De acuerdo con el documento, entre 2022 y 2024 el apoyo al productor agropecuario argentino representó el -11,9% de sus ingresos brutos, frente al -8,6% registrado a comienzos de los años 2000. La evolución refleja un deterioro en las condiciones de respaldo estatal a la actividad.
El panorama contrasta con el de la mayoría de las economías relevadas, que mantienen diferentes mecanismos de asistencia para sus sectores agropecuarios. Durante el período analizado, el apoyo total al campo en los 54 países alcanzó un promedio anual de US$842.000 millones. De ese monto, aproximadamente tres cuartas partes se destinaron directamente a los productores, mientras que el resto se distribuyó mediante transferencias colectivas y beneficios para los consumidores de alimentos.
Entre los países que más recursos aportan a sus agricultores se encuentran Suiza, Islandia, Noruega y Corea del Sur. En esos casos, las transferencias representan entre el 40% y el 49% de los ingresos brutos agropecuarios.
El relevamiento también describe la transformación del comercio internacional de alimentos. En las últimas tres décadas, el intercambio mundial de productos agroalimentarios se multiplicó por cinco y avanzó a un ritmo superior al de la producción agrícola. A su vez, las cadenas globales de valor adquirieron mayor importancia, debido a que numerosos alimentos e insumos atraviesan distintas fronteras antes de llegar a los consumidores.
En ese escenario, América, Oceanía y Europa se consolidaron como las principales regiones exportadoras netas, mientras que Asia pasó a ocupar el primer lugar entre las regiones importadoras.
Pese a la expansión del intercambio, la OCDE advierte que el comercio agropecuario continúa condicionado por distintas barreras. Aunque los acuerdos de apertura permitieron reducir aranceles entre países y bloques económicos, los productos del sector todavía enfrentan mayores niveles de protección que otros bienes. También persisten subsidios, cuotas, restricciones y medidas no arancelarias que afectan la circulación internacional de productos agrícolas.
En relación con la Argentina, el organismo reconoce algunas modificaciones implementadas durante el período evaluado, entre ellas las reformas orientadas a la desregulación y la simplificación administrativa. También destaca la reducción temporal o eliminación de retenciones para distintos productos, la flexibilización de los procedimientos de exportación, la digitalización de certificaciones y los avances en trazabilidad ganadera y controles sanitarios.
Sin embargo, el informe plantea que el país debería avanzar hacia fuentes alternativas de ingresos fiscales y reducir su dependencia de los derechos de exportación. La recomendación apunta a modificar un esquema que mantiene a los productores argentinos entre los pocos del mundo que reciben un apoyo estatal negativo.
Otro de los puntos de preocupación está relacionado con la evolución de la productividad. La OCDE advierte que la menor inversión pública en innovación, investigación y extensión rural está afectando una de las ventajas históricas del agro argentino.
En ese sentido, considera que una agenda de competitividad no debería limitarse a revisar las retenciones, sino que también tendría que contemplar una recuperación de los recursos destinados al conocimiento, la tecnología y la incorporación de prácticas productivas sostenibles. El documento, además, advierte sobre la importancia de que el ajuste del gasto en organismos como el INTA no termine debilitando su contribución al desarrollo y la productividad del sector agropecuario.
