La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La normativa dispone la supresión de 67 sedes y ordena completar el cierre de otras cinco, que ya habían sido eliminadas mediante una resolución dictada en 2025.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) será la encargada de ejecutar la medida, distribuir los legajos y reasignar los dominios radicados en las oficinas que dejarán de operar. Si bien el objetivo es garantizar la continuidad de los trámites, la resolución no precisa qué registros recibirán cada una de las radicaciones.
La reorganización forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la iniciativa apunta a establecer un esquema de funcionamiento más simple y eficiente, con foco en la atención a los ciudadanos.
En ese marco, el programa contempla la eliminación, concentración o reorganización de dependencias registrales cuando esas modificaciones permitan mejorar la prestación del servicio. La normativa también establece que las oficinas que permanezcan abiertas podrán inscribir trámites relacionados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, siempre que cuenten con una orden de la Dirección Nacional.
Por otra parte, los encargados titulares de los registros que absorban las funciones de otras dependencias conservarán sus cargos. Sus designaciones también se adecuarán a la nueva denominación registral.
El Ministerio de Justicia sostuvo que la concentración de oficinas busca fortalecer el funcionamiento del sistema y mejorar las condiciones de atención, sin restringir el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios.
Los anexos de la resolución identifican los registros alcanzados por la disposición, con sus respectivos nombres y números. La medida incluye las cinco sedes cuya supresión había sido establecida anteriormente y fija para todas ellas el mismo plazo de 60 días hábiles para completar el cierre operativo.
