La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, fue convocada para las 16 con el objetivo de habilitar la firma del despacho. El oficialismo considera que cuenta con los acuerdos suficientes para conseguir la mayoría, aunque todavía mantiene conversaciones sobre distintos puntos del proyecto.
El cronograma legislativo impone una fecha límite: según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes pueden firmarse hasta el 20 de noviembre durante el período de sesiones ordinarias.
En los últimos días, el oficialismo consiguió acercar posiciones con el PRO mediante un acuerdo para incorporar las prórrogas de las leyes de autopartismo, que establecen beneficios fiscales para las empresas que producen componentes automotores en el país.
Otro de los avances fue la aprobación del pedido de endeudamiento del Gobierno porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). También progresaron las conversaciones para resolver la deuda por coparticipación que mantiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires.
A estos entendimientos se suma el compromiso de garantizar financiamiento para la nueva ley de discapacidad, cuya aprobación definitiva todavía debe ser tratada en el Senado. El tema genera especial preocupación dentro del Gobierno, donde consideran que una nueva discusión podría poner en riesgo el respaldo conseguido para la iniciativa.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una postura de resistencia frente a algunas de las demandas que forman parte de las negociaciones. En el oficialismo buscan evitar que las diferencias internas y los reclamos opositores terminen complicando el tratamiento del Presupuesto.
Uno de los principales asuntos pendientes es el pedido de los gobernadores para reducir el impuesto a los combustibles líquidos. Las provincias cuestionan el destino de la recaudación nacional y sostienen que los recursos no se utilizan para el mantenimiento de las rutas, uno de los objetivos para los que fue creado el tributo.
También continúa en discusión una modificación impositiva vinculada con el huevo y sus derivados, un planteo impulsado por el PRO. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones sobre este tema con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
La Unión Cívica Radical (UCR), por su parte, acompaña los lineamientos generales del proyecto, aunque conserva observaciones sobre algunas partidas. Entre sus principales reclamos aparece el financiamiento universitario: el Gobierno contempla una asignación de $7,3 billones, mientras que los rectores de las universidades nacionales consideran razonable una cifra cercana a los $11 billones.
En cuanto a los bloques provinciales, el jefe de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, estaría dispuesto a acompañar el dictamen oficialista, aunque con algunas disidencias parciales.
Todavía no está definida la posición de los dos representantes de Provincias Unidas. El bloque no suele mantener una postura uniforme en las votaciones, por lo que su decisión no sería determinante para conseguir las firmas del dictamen. Sin embargo, sus votos podrían adquirir mayor relevancia cuando el proyecto llegue al recinto.
En paralelo, las negociaciones con los mandatarios provinciales incluyen reclamos por la ejecución de obras públicas y el pago de deudas destinadas a cubrir los déficits de las cajas previsionales de 13 provincias.
A esa agenda se suma el pedido de avanzar con la Ley de Biocombustibles, impulsado por los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora.
El debate sobre esa iniciativa permanece trabado en Diputados debido a las diferencias entre las provincias productoras. Legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa plantean la necesidad de proteger a las pequeñas y medianas empresas locales frente a la competencia de las grandes compañías productoras de Córdoba y Santa Fe.
Con este conjunto de demandas sobre la mesa, el oficialismo buscará reunir las adhesiones necesarias para firmar el dictamen y avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, mientras continúan las conversaciones para asegurar los apoyos en la votación definitiva.








