Los registros internos del banco dan cuenta de las medidas adoptadas antes y después de su llegada a la función pública. Entre los aspectos examinados figuraron las operaciones financieras de la entidad con el Estado argentino y las compensaciones económicas que Bausili continuó percibiendo de su antiguo empleador mientras ocupaba cargos en el Ministerio de Hacienda.
Uno de los documentos, identificado como estrictamente confidencial, consignó la existencia de un posible conflicto de interés porque un exempleado había recibido pagos diferidos del Deutsche Bank durante su desempeño en la República Argentina. Las compensaciones correspondían a bonificaciones anteriores y se extendieron hasta septiembre de 2018.
De acuerdo con documentación incorporada a la causa judicial, Bausili recibió 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal de US$13,80 cada una, por un total cercano a los US$180.000. Los pagos se concretaron entre 2016 y 2018, período durante el cual se desempeñó como subsecretario de Financiamiento y posteriormente como secretario de Finanzas.
La Justicia argentina investigó esas compensaciones en el marco de una causa por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El juez federal Sebastián Casanello dictó dos procesamientos contra Bausili al considerar que pudo haber favorecido a su antiguo empleador en operaciones vinculadas con la colocación de deuda pública.
Uno de los puntos centrales fue la comisión del 0,12% que recibió el Deutsche Bank por participar en una emisión de bonos argentinos durante 2017. Según los cálculos incorporados al expediente, el pago a la entidad financiera rondó los US$1,4 millones.
Sin embargo, ambos procesamientos fueron revocados por la Cámara Federal. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que no existían pruebas de que Bausili hubiera intervenido para determinar la elección del banco ni para establecer el alcance o las condiciones de las operaciones. Para los magistrados, esos elementos resultaban necesarios para configurar el delito investigado.
La causa continúa abierta y se dispusieron nuevas medidas de prueba. Bausili negó haber incurrido en un conflicto de interés y sostuvo que las compensaciones diferidas no dependían de la voluntad del empleado, quien, según explicó, hubiera preferido recibir esos pagos antes.
La cuestión volvió a adquirir relevancia cuando, ya al frente del Banco Central, el funcionario explicó que el Estado había contratado al Deutsche Bank para realizar el 10% de las coberturas del oro del Tesoro argentino durante 2025. En esa oportunidad, afirmó que la entidad había presentado las mejores condiciones y aseguró que no participó en el proceso de selección.
La actividad del banco en el país continuó incluso después de que decidiera abandonar el negocio minorista argentino. Durante 2015, la entidad había evaluado retirarse de ese segmento debido a las dificultades para mantener capitales en el país y a los riesgos de eventuales restricciones para transferir fondos al exterior.
En 2016 anunció la venta de su filial local al Banco Comafi, operación que incluyó personal, clientes institucionales y actividades de administración financiera. No obstante, mantuvo una oficina de representación con una estructura más reducida, orientada a grandes compañías y contratos con organismos estatales.
Entre los negocios concretados figuró el financiamiento para la compra de frenos ferroviarios destinados a Trenes Argentinos. En septiembre de 2017, el Gobierno anunció un crédito de US$53 millones para adquirir equipamiento con tecnología ATS. El esquema contemplaba que el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) aportara el 60% del presupuesto y el Deutsche Bank el 40% restante.
Los registros disponibles no indican que Bausili haya intervenido en esa operación. Sin embargo, durante su gestión publicó información sobre el financiamiento y destacó que el 85% del costo de los frenos había sido cubierto por la agencia japonesa de financiación de exportaciones. También vinculó la adquisición con la necesidad de evitar nuevas tragedias ferroviarias, en referencia al accidente de Once de 2012, que dejó 52 víctimas fatales.
La entidad también buscó participar en otros proyectos del Ministerio de Transporte. Elaboró una propuesta para atraer inversores israelíes al programa de Participación Público Privada denominado Autopistas y Redes Seguras. El entonces ministro Guillermo Dietrich mantuvo una reunión con representantes del banco el 4 de octubre de 2018, durante un viaje a Estados Unidos, aunque la iniciativa finalmente no se concretó.
Otra de las operaciones relevantes fue la emisión internacional de deuda de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$500 millones, anunciada en enero de 2018. Se trató de la primera colocación de deuda de la empresa pública en los mercados internacionales. Los recursos estaban destinados a financiar obras contempladas en su plan de inversiones y cancelar compromisos financieros y comerciales.
La operación incluyó una serie de reuniones con inversores en Londres y Frankfurt durante enero de ese año, con un total de 35 encuentros. Bausili, que entonces ocupaba la Secretaría de Finanzas, participó al menos en una de esas reuniones. Según la información aportada por AySA, el Deutsche Bank colocó US$159 millones del total emitido.
Durante el proceso también participaron otras tres entidades financieras: Citi, HSBC y Crédit Agricole. No obstante, la intervención de Bausili en los encuentros con inversores fue uno de los aspectos considerados dentro del análisis sobre posibles incompatibilidades.
El vínculo comercial entre el banco alemán y el Estado argentino también alcanzó a la provincia de Córdoba. En octubre de 2018, la entidad evaluó internamente los posibles riesgos reputacionales de cerrar un acuerdo financiero con esa jurisdicción, teniendo en cuenta la relación previa de Bausili con el Gobierno nacional.
Finalmente, el Deutsche Bank concretó dos préstamos por un total de US$79 millones para financiar obras de infraestructura en las áreas de Educación y Salud. La provincia necesitaba autorización del Estado nacional para contraer deuda, incluso mediante mecanismos de financiamiento privado, de acuerdo con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
La documentación disponible no muestra que Bausili haya participado directamente en las negociaciones de esos préstamos. Desde el banco, en tanto, rechazaron las insinuaciones sobre posibles irregularidades y sostuvieron que cuentan con políticas y mecanismos de control para identificar y administrar eventuales conflictos de interés.
Uno de los capítulos centrales de la investigación judicial está relacionado con la emisión de deuda pública por hasta US$7.000 millones autorizada durante 2017. El expediente reconstruyó distintas intervenciones de Bausili en el procedimiento, que incluyeron el pedido de opinión al Banco Central, el envío de documentación a la Procuración del Tesoro y la remisión del expediente al entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, para avanzar con la emisión de nuevos instrumentos.
En febrero de ese año, Bausili también solicitó que se abonaran US$8.000 al Deutsche Bank por sus servicios como agente fiscal, de registro y pago de bonos con vencimientos en 2018 y 2031.
La documentación de la emisión establecía un esquema de distribución entre seis entidades financieras: Deutsche Bank, BBVA, Santander, HSBC, JP Morgan y Citi. Cada una recibió una asignación cercana a los US$1.166 millones, con una comisión del 0,12%.
Antes de concretarse la operación, Bausili había mantenido dos reuniones con representantes del banco alemán, el 14 y el 22 de noviembre de 2016. Los registros oficiales identificaron el primer encuentro como una visita de cortesía y el segundo como una reunión relacionada con el programa de financiamiento económico argentino.
En enero de 2017, las propuestas de las entidades financieras comenzaron a circular por los sistemas internos del Gobierno. La documentación del Deutsche Bank llevaba como referencia la fecha de la segunda reunión mantenida con Bausili.
El caso también puso en discusión el alcance del artículo 15 de la Ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en procedimientos relacionados con empleadores anteriores con los que hayan mantenido una relación durante los tres años previos. Bausili había dejado el Deutsche Bank en enero de 2016.
En junio de 2018, la Oficina Anticorrupción (OA) le había enviado una recomendación sobre las conductas que debía observar para evitar incompatibilidades. Entre las indicaciones figuraba la necesidad de abstenerse de mantener reuniones con representantes de empresas respecto de las cuales correspondiera excusarse.
El 31 de enero de 2019, el organismo concluyó que Bausili había incumplido las conductas previstas en la Ley de Ética Pública, según la reconstrucción incorporada por Casanello al expediente. Sin embargo, en febrero de ese año, después de que el funcionario ampliara su descargo, modificó su posición y reemplazó esa conclusión por otra en la que sostuvo que no advertía una infracción.
Bausili afirmó que nunca incumplió la normativa durante su gestión como secretario de Finanzas y explicó que, cuando asumió la presidencia del Banco Central, los plazos establecidos por la legislación ya habían vencido. También señaló que la Oficina Anticorrupción había considerado que hubiera sido preferible evitar reuniones con el banco durante el período de referencia, aunque finalmente entendió que no se había vulnerado ninguna disposición.
Otro antecedente que aparece en los registros internos del Deutsche Bank se remonta a junio de 2015, cuando Bausili todavía trabajaba en la entidad. En ese momento compró 150 bonos de deuda argentina sin solicitar previamente la autorización exigida por los controles internos del banco.
La operación derivó en una amonestación por correo electrónico. Los documentos de cumplimiento consignaron que el entonces director había realizado una transacción sin autorización previa y que no fue necesario adoptar otras medidas disciplinarias.
La compra se produjo pocos meses antes de las elecciones presidenciales que llevaron a Mauricio Macri al Gobierno. En enero de 2016, cuando asumió como subsecretario de Financiamiento, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción que tenía en su patrimonio tres tipos de bonos argentinos.
En su presentación incluyó títulos Bonar 17, adquiridos en enero de 2015, y Bonar 24 y Bonar 8,750%, comprados en diciembre de ese mismo año. El valor declarado superaba los cinco millones de pesos, equivalentes a unos US$350.000 al tipo de cambio de cierre de aquel ejercicio. La declaración jurada no permite establecer si conservaba al finalizar 2016 los 150 bonos adquiridos en junio de 2015 y observados por el Deutsche Bank.
Los antecedentes forman parte de una filtración de más de 15 millones de documentos internos de la entidad financiera alemana, que permitió reconstruir sus procedimientos de control, sus operaciones en distintos países y los posibles riesgos vinculados con funcionarios que habían trabajado anteriormente para el banco.








