El 11 de agosto, Nicolás Rappazzo Demarchi se presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Ezequiel Freider, y señaló al concejal Javier Tarragona como supuesto integrante de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en el distrito.
La acusación se basó en el relato de un vecino que, según consta en la denuncia, decidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Rappazzo sostuvo que esa persona le había transmitido información sobre una presunta organización dedicada a la venta de drogas y vinculó a Tarragona con distintos puntos de comercialización en barrios del municipio.
La denuncia también señalaba que la supuesta organización operaba desde el country Terravista y aportaba datos sobre vehículos y números telefónicos que, según el denunciante, estarían relacionados con el concejal y serían utilizados para establecer contacto con personas vinculadas al narcotráfico. A partir de esos señalamientos, Rappazzo solicitó distintas medidas, entre ellas revisar los movimientos de ingreso y egreso al complejo residencial durante los seis años anteriores.
Tarragona, que ocupa una banca desde 2023, pidió licencia en el Concejo Deliberante y entregó su tarjeta SIM a la Justicia como parte de las medidas destinadas a demostrar su inocencia. El intendente Mauro García expresó públicamente su respaldo al concejal y manifestó su confianza en él.
El fiscal Freider citó a declarar a Rappazzo y posteriormente resolvió archivar la causa. En su resolución señaló que el secretario de Seguridad se había limitado a ratificar la información proporcionada por un tercero y que no había incorporado nuevos datos ni elementos diferentes de los incluidos originalmente en la denuncia.
Como parte de la investigación, el fiscal realizó consultas ante la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). También cuestionó la falta de elementos concretos que permitieran respaldar la acusación, entre ellos datos precisos sobre fechas y la identificación de posibles integrantes de la supuesta organización.
Tras el archivo de la investigación, Tarragona quedó en condiciones de retomar su actividad en el Concejo Deliberante, luego de permanecer de licencia durante agosto. Rappazzo, en tanto, presentó su renuncia al cargo de secretario de Seguridad el mismo día en que se tomó la decisión de cerrar la causa.
Desde el gobierno municipal descartaron que el episodio formara parte de una interna política, aunque el intendente cuestionó que su entonces funcionario hubiera presentado una acusación de esa gravedad sin contar con elementos suficientes que la respaldaran.
La presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, también expresó su respaldo a Tarragona y destacó el conocimiento que existe sobre su trayectoria. Además, cuestionó el uso de la Justicia para formular acusaciones de esta naturaleza y remarcó la responsabilidad que implica realizar una denuncia de estas características, especialmente por parte de un funcionario con antecedentes en el ámbito judicial.
