La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo judicial para intentar frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limita el derecho a huelga.
La central obrera solicitó ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del DNU y, al mismo tiempo, sostuvo que imposibilita el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU firmado por el Presidente reglamenta “de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas ´servicios esenciales´“.
También plantearon que el decreto impone niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, en los hechos, “imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.
Los líderes de la central obrera sostuvieron que la medida planteada por el Gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
En el amparo tambiénapuntaron contra las formas que utilizó el Gobierno para establecer la medida. Todas las críticas apuntaron contra el DNU.
“Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto”, apuntó la CGT.
También argumentaron que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva. “Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”
Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025.
La central de trabajadores sostuvo que apuntan con esto a “evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo”.
La presentación judicial fue planteada luego de que uno de los líderes de la CGT Héctor Daer se reuniera con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada.
El encuentro se produjo a fines de la semana pasada con la excusa de analizar un cambio en las prestaciones del Hospital Naval. Al salir, Daer anticipó que iría a la Justicia para intentar frenar el DNU.
El decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, que fue publicado el miércoles 21 de mayo, busca ampliar las actividades consideradas esenciales.
El mismo incorpora al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.
En uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarcan los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.
