Hoy comenzó el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la Armada Argentina, en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.
En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Serán juzgados por el Tribunal Oral de Santa Cruz el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.
El juicio, a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, se extenderá por varias semanas e incluirá audiencias donde las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios. Se prevé que el proceso se desarrolle en forma alternada hasta julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas intercaladas.
Los jueces buscarán determinar que fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron contribuir a la tragedia. La causa había generado polémicas previas, como disputas sobre la jurisdicción donde debía celebrarse el juicio.
Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso realice en Río Gallegos.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban que el juicio se realice en Mar del Plata o en Comodoro Py. Sostuvieron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.
“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, explicaron los magistrados.
Los camaristas aseguraron que avanzar con un cambio de sede sería seguir dilatando el proceso. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, explicaron.
Un juicio sin responsables políticos
Días después de la decisión de Casación sobre dónde debía realizarse el juicio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017, habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el contexto de sus reclamos por justicia y respuestas sobre la tragedia.
La investigación se inició tras el descubrimiento de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.
En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados, argumentando que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional del país. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña —con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— revocó los procesamientos, tras considerar que las acciones de la AFI se enmarcaban en tareas de seguridad presidencial.
Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, ratificó esta decisión. Los magistrados sostuvieron que las actividades de inteligencia no constituyeron espionaje ilegal, ya que los datos recopilados eran de carácter público, provenientes de declaraciones de los propios familiares en medios de comunicación o redes sociales.
Además, destacaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri, descartando cualquier extralimitación en las funciones de la AFI.
Finalmente, las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todo fue descartado por el máximo tribunal.
