La entidad empresaria aclaró que mantiene su respaldo al programa económico oficial y al equilibrio de las cuentas públicas, pero cuestionó específicamente el tratamiento de las contribuciones patronales vinculadas con estructuras empresariales y sindicales.
El principal reclamo apunta a los aportes destinados al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. Según la cámara, las empresas deben realizar estas contribuciones incluso cuando sus trabajadores no utilicen los servicios de capacitación. La organización estima que el mecanismo recauda más de $30.000 millones anuales, recursos que luego se distribuyen entre determinadas cámaras empresariales.
Para los mayoristas, el problema radica en que estas contribuciones no surgen de una decisión voluntaria de las compañías. La entidad considera que una empresa debería poder elegir si asociarse y financiar a una cámara que represente sus intereses, en lugar de quedar obligada a realizar aportes mediante un convenio colectivo.
El cuestionamiento se concentra especialmente en la diferencia entre el proyecto original de reforma laboral y el texto finalmente reglamentado. Según la cámara, la propuesta inicial establecía que los aportes patronales a cámaras y asociaciones debían ser estrictamente voluntarios.
Sin embargo, el Decreto 612/2026 fijó un límite de hasta el 0,5% de las remuneraciones para contribuciones destinadas a fines sociales y asistenciales de los trabajadores. Para la organización empresaria, aunque se haya establecido un tope, la obligación de realizar el aporte continúa vigente.
Desde la entidad consideran que esto contradice el objetivo anunciado por el Gobierno de reducir cargas que incrementan el costo laboral y eliminar obligaciones que no responden a decisiones voluntarias de las empresas.
El planteo vuelve a poner en discusión el impacto de las contribuciones establecidas mediante convenios colectivos sobre los costos de las compañías. Para el sector mayorista, mantener este tipo de mecanismos implica trasladar recursos de las empresas hacia estructuras que no necesariamente representan sus intereses.
La cámara advirtió que la reglamentación debería mantener el espíritu de la reforma laboral y evitar que determinadas obligaciones que se buscaba eliminar reaparezcan a través de la normativa complementaria.
El conflicto refleja una de las principales discusiones alrededor de la reforma laboral: hasta qué punto la reducción de cargas para las empresas puede avanzar sin modificar los mecanismos de financiamiento de las organizaciones empresariales y sindicales establecidos en los convenios colectivos.
