El Consejo de Mayo se reunirá este lunes con el foco puesto en los cambios que el Gobierno de Javier Milei busca implementar como posible reforma laboral. La CGT participa del espacio, pero ya anticipa resistencia ante una posible reactivación de puntos del DNU 70, frenado por la Justicia, que afectaban de lleno a los privilegios del sindicalismo. Dentro del propio Gabinete, hay posiciones enfrentadas.
La reforma laboral es una de las prioridades estratégicas del oficialismo para lo que resta del año. El Presidente ya anticipó que avanzará a fondo tras las elecciones del 26 de octubre, aunque desde el Gobierno se trabaja para que los consensos previos comiencen a gestarse cuanto antes. En ese marco, el Consejo de Mayo vuelve a reunir a funcionarios, empresarios y sindicalistas para delinear una agenda concreta.
La CGT, en alerta ante posibles cambios estructurales
Entre los puntos que generan inquietud en la CGT figuran la eliminación de las cuotas solidarias, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y la descentralización de las negociaciones laborales. Esas propuestas, incluidas originalmente en el DNU 70, fueron suspendidas judicialmente, pero podrían volver a la discusión legislativa con nuevos formatos.
Detrás de esa línea dura aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ya fue el autor del decreto 340 que reglamenta el derecho a huelga. Su postura lo enfrenta con los sectores más dialoguistas del oficialismo, como Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que mantienen contacto fluido con algunos dirigentes gremiales.
Internas en el Gabinete y cálculos electorales
El presidente Milei confía en que una victoria amplia en las elecciones consolidará su plan de reforma estructural. En ese marco, dentro del Gabinete se debate cómo avanzar sin quebrar del todo el diálogo con sectores empresariales y sindicales. Algunos funcionarios, como Luis Caputo y Karina Milei, respaldan un enfoque más firme, mientras que otros apuestan a transitar acuerdos mínimos para evitar un conflicto abierto.
Desde la CGT, el mensaje es ambiguo. Mientras algunos sectores rechazan cualquier modificación al régimen laboral vigente, otros, como el liderado por Gerardo Martínez (UOCRA), admiten que ciertos aspectos podrían modernizarse si se respetan los canales de negociación colectiva.
Las cuotas solidarias, punto clave del conflicto
Uno de los puntos más sensibles para la dirigencia sindical es el futuro de las cuotas solidarias, una fuente clave de financiamiento. El DNU 70 proponía que esos aportes solo se realizaran con consentimiento explícito del trabajador, lo que en los hechos debilitaba la caja sindical. Aunque esa cláusula fue eliminada de la Ley Bases por presión opositora, el temor a su reactivación sigue latente.
El propio Martínez reconoció que no hay definiciones concretas aún, pero advirtió que el Gobierno está en campaña y que algunas propuestas podrían reaparecer como parte del discurso electoral. Sin embargo, también remarcó que hay disposición a discutir una agenda laboral si se enmarca en un plan que priorice la producción, el empleo y la inversión.
La reforma se postergará hasta después de las elecciones
En los hechos, el contenido final de la reforma laboral dependerá del resultado de las elecciones. Las conclusiones del Consejo de Mayo estarán recién en diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Si el oficialismo logra un respaldo contundente en las urnas, el camino quedará allanado para avanzar con las reformas que hoy generan resistencia.
Mientras tanto, el oficialismo se mueve con pragmatismo: escucha, negocia y se mantiene firme en su convicción de modernizar un régimen laboral que atrasa medio siglo. La CGT, por ahora, juega a dos puntas: participa del Consejo, pero también busca blindarse ante lo que considera un intento de debilitar su poder estructural.
