La normativa permite que las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles bloqueen los dispositivos detectados en áreas restringidas de los establecimientos penitenciarios. La medida contempla el bloqueo del IMEI, que identifica al equipo, del IMSI, correspondiente al abonado, y de la línea telefónica asociada.
El objetivo es impedir que los teléfonos sean utilizados desde las cárceles para planificar, coordinar o ejecutar actividades ilícitas. Según los fundamentos de la resolución, el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios representa un riesgo para la seguridad pública y requiere mecanismos destinados a prevenir y neutralizar esas comunicaciones.
La Ley 24.660 ya establece restricciones para las comunicaciones mediante teléfonos móviles dentro de las cárceles y contempla la instalación de sistemas inhibidores en los pabellones. El nuevo procedimiento incorpora un mecanismo administrativo y técnico para que las prestadoras desactiven los equipos y las líneas cuando sean identificados por los sistemas de seguridad.
El alcance de la medida también contempla a las provincias que decidan adherir al protocolo. Aunque el procedimiento se aplicará inicialmente en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, la resolución permite extenderlo a establecimientos penitenciarios provinciales.
La incorporación de las jurisdicciones provinciales responde a un pedido del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que había planteado la problemática de las comunicaciones no autorizadas en sus establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con el nuevo esquema, el Ministerio de Seguridad de la Nación será el canal encargado de transmitir a las prestadoras las solicitudes de bloqueo formuladas por las provincias que adhieran al procedimiento. Las jurisdicciones que se incorporen al sistema deberán enviar sus pedidos a las empresas de telefonía exclusivamente a través de esa cartera.
El sistema de detección deberá cumplir además con determinadas condiciones técnicas y operativas. Entre ellas, deberá evitar interferencias fuera de los establecimientos penitenciarios, conservar un registro de las gestiones realizadas para garantizar la trazabilidad de la información y ajustarse al “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI”, aprobado por el Ministerio de Seguridad.
La Resolución 734/2026 fue firmada por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, y entró en vigencia este jueves con su publicación en el Boletín Oficial.
