La presentación incluía acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y supuestas omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales de la diputada. También se cuestionaba el eventual uso de recursos parlamentarios en beneficio propio y de su pareja, Franco Agustín Bindi.
La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público Fiscal concluyera que no había pruebas suficientes que justificaran la apertura de una investigación penal. En ese marco, Servini dispuso el archivo de las actuaciones “por imposibilidad de proceder”, de acuerdo con el artículo 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.
Uno de los principales puntos de la denuncia estaba relacionado con el crecimiento patrimonial de Pagano y con dos operaciones inmobiliarias. Sin embargo, la Fiscalía señaló que la diputada había vendido un departamento ubicado sobre la avenida San Juan el 22 de marzo de 2023 y comprado otra propiedad en la calle Migueletes el 8 de agosto del mismo año.
Ambas operaciones fueron realizadas antes del 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Pagano asumió como diputada nacional. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró que esas transacciones no podían constituir, por sí mismas, un fundamento para investigar un supuesto enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de su función.
La denuncia también planteaba que personas relacionadas con Bindi habían sido incorporadas como empleados del Congreso y que posteriormente habrían reintegrado parte de sus salarios. La Fiscalía sostuvo que no se aportaron elementos suficientes para demostrar esos supuestos reintegros ni para acreditar que los contratados no hubieran desempeñado las tareas correspondientes.
El análisis fiscal también señaló que algunas de las acusaciones formuladas carecían de precisión y que no estaban acompañadas por elementos concretos que permitieran determinar qué medidas de prueba debían realizarse.
Otro de los planteos apuntaba a la existencia de una presunta asociación ilícita y a supuestos vínculos con personas de Venezuela, Irán, Rusia y con el ex presidente de Bolivia Evo Morales. Según la hipótesis denunciada, esas relaciones podrían estar vinculadas con un esquema de financiamiento extranjero.
Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos que permitieran acreditar la existencia de una organización criminal, una distribución de roles, un plan delictivo ni otros indicios que vincularan esos contactos con la comisión de un delito.
En ese contexto, el Ministerio Público advirtió que avanzar con la investigación sin contar previamente con un hecho delictivo concreto implicaría una búsqueda indiscriminada de pruebas, situación que consideró incompatible con las garantías procesales.
Servini coincidió con ese criterio y ordenó el archivo de la causa. De esta manera, la denuncia contra Pagano no avanzará hacia una investigación penal sobre los hechos planteados por los diputados denunciantes.
