La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial, y constituye el segundo llamado de estas características. En la primera etapa se sumaron 609 trabajadores, por debajo del objetivo inicial del Gobierno, que apuntaba a reducir alrededor de 900 puestos.
El nuevo esquema alcanza a trabajadores de planta permanente y a quienes tienen contratos con más de un año de antigüedad, siempre que no se encuentren comprendidos en la categoría de “despedidos”. Para quienes opten por adherir, se establecieron distintas modalidades de liquidación, aunque todas implican condiciones específicas respecto del vínculo laboral futuro.
Una de las alternativas contempla el pago del 90% del haber en ocho cuotas. Para calcular ese monto quedan excluidos los conceptos no remunerativos y adicionales como viáticos y horas extras. Otra opción establece el pago del 80% del monto correspondiente e incorpora durante un año cobertura asistencial y contribuciones a la obra social.
Existe además una tercera modalidad, con características similares a la primera, destinada a trabajadores que cuentan con al menos 12 años de antigüedad. Las opciones que requieren 24 años o más de servicio se encuentran sujetas a ese requisito de antigüedad.
Entre las condiciones centrales del programa figura la renuncia a futuros reclamos administrativos o judiciales vinculados con la relación laboral. También se establece que quienes acepten el retiro no podrán volver a ingresar al Estado durante cinco años.
El Gobierno sostiene que la reducción de la dotación forma parte de una reorganización destinada a optimizar el uso de los recursos públicos. La reestructuración se desarrolla en paralelo con el plan oficial para trasladar a empresas privadas tareas vinculadas con el mantenimiento y el sistema de peajes de una parte importante de la red vial nacional.
El proceso generó cuestionamientos sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado advirtió sobre las consecuencias de la reducción de personal y realizó distintas protestas contra las medidas implementadas en el organismo. Una de esas acciones derivó en la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
La discusión sobre el futuro del organismo también quedó vinculada con el estado de las rutas nacionales. Gobernadores opositores y sectores sindicales plantearon reclamos por el mantenimiento de la infraestructura vial, en un contexto de cambios en el funcionamiento y la estructura de Vialidad Nacional.
Los datos de siniestralidad vial forman parte de ese debate. Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicado en junio señaló que durante el último año se produjeron 3.255 accidentes graves, con un saldo de 4.060 personas fallecidas.
En el primer año de aplicación de las medidas de reducción en Vialidad, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial había registrado 3.894 incidentes y 3.238 muertes en rutas de todo el país.
