La normativa establece la actualización de los salarios docentes y no docentes, los fondos destinados a las universidades y las becas estudiantiles en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según la denuncia, las disposiciones continúan sin aplicarse pese a las resoluciones del Congreso y de la Justicia.
El conflicto se originó luego de que el Poder Ejecutivo vetara la ley y el Congreso rechazara el veto con una mayoría de dos tercios. Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.
El 23 de diciembre de 2025, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de la ley. En su resolución, consideró que existía una inobservancia clara de una obligación jurídica concreta por parte del Estado.
Meses después, el 15 de abril de 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a rectores de universidades públicas, promovió un incidente de ejecución para reclamar que se cumpliera la decisión judicial.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, al considerar que la resolución cuestionada no tenía carácter definitivo. Según lo expuesto en la denuncia, pese a estas actuaciones, el Poder Ejecutivo no concretó la recomposición salarial ni la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras prestaciones estudiantiles.
La presentación sostiene que el incumplimiento no se limita a la aplicación de la ley, sino que también alcanza una orden judicial vigente. Además, apunta contra Caputo por las responsabilidades presupuestarias de su cartera, que incluyen la elaboración y ejecución del presupuesto y la administración de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado.
En ese sentido, la denuncia invoca el artículo 20 de la Ley de Ministerios 22.520, que establece las competencias del Ministerio de Economía en materia de política económica, presupuestaria e impositiva.
Entre las medidas solicitadas, se pide que se investigue la posible responsabilidad penal de Milei y Caputo, que ambos sean citados a prestar declaración indagatoria y que se identifique a otros eventuales involucrados. También se solicita requerir a la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe sobre el impacto presupuestario de la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo se enmarca en la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas y la actualización de los ingresos de sus trabajadores. La denuncia sostiene que el incumplimiento de las disposiciones legales y judiciales afecta tanto el financiamiento del sistema universitario como los salarios docentes y no docentes y las ayudas económicas para estudiantes.
