La presentación fue realizada por el titular de la ANAC ante el juez federal Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. En el marco de las actuaciones, el representante del Ministerio Público solicitó información adicional al organismo aeronáutico para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones se realizaron con la aeronave de matrícula británica G-FPLD, perteneciente a Thales. El primer vuelo habría conectado Punta Arenas con las Malvinas, mientras que cinco días después se habría efectuado el trayecto inverso. Según la presentación, ninguno de los dos movimientos contó con el permiso correspondiente ni fue informado previamente a las autoridades argentinas.
La ANAC sostuvo que las operaciones no estaban autorizadas y encuadró provisoriamente los hechos en distintas figuras legales. Entre ellas, mencionó el artículo 190 del Código Penal, referido a la seguridad de las aeronaves; el artículo 223 del Código Aeronáutico, relacionado con el cruce clandestino de fronteras; y el artículo 194 del Código Penal, que contempla la interrupción o perturbación de determinados servicios, incluido el transporte.
La investigación podría ampliarse a otros posibles delitos. El Gobierno busca determinar si los vuelos tuvieron alguna relación con actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas sin autorización argentina, una cuestión alcanzada por la ley 26.659. También se evalúa la eventual existencia de infracciones aduaneras y de posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Hasta el momento, no se ha acreditado que la aeronave haya participado en actividades vinculadas con la explotación petrolera.
El pedido de decomiso del avión también deberá ser analizado por la Justicia, que tendrá que determinar qué infracciones pueden comprobarse y qué responsabilidades corresponden en función de las pruebas reunidas.
La aeronave involucrada es un Beechcraft B200 Super King Air, un avión bimotor turbohélice identificado con la matrícula G-FPLD y el número de serie BB-1433. El aparato forma parte de las operaciones de inspección de vuelo de la filial británica de Thales y se utiliza para comprobar el funcionamiento de sistemas y equipos de navegación, una tarea relevante para la seguridad de aeropuertos civiles e instalaciones militares.
La compañía cuenta con autorización de la autoridad aeronáutica británica para realizar inspecciones de sistemas de navegación. Por sus características técnicas, el avión puede efectuar verificaciones de equipos de navegación y radar, incluidos aquellos utilizados en la base militar británica de Mount Pleasant, en las Malvinas. Sin embargo, todavía no se determinó si los vuelos investigados estuvieron relacionados con esas tareas, si trasladaron personal o si respondieron a algún contrato con autoridades del Reino Unido.
El Ministerio de Defensa británico ha contratado servicios de este tipo para verificar y calibrar radares en Mount Pleasant, una instalación estratégica para su despliegue militar en el Atlántico Sur. En 2024, se adjudicó un contrato por aproximadamente 160.000 libras esterlinas para realizar esas comprobaciones.
Además, el 4 de septiembre de 2026, la filial británica de Thales recibió un contrato por cerca de 6,89 millones de libras para el mantenimiento de una red de comunicaciones en la misma base. Estos antecedentes muestran la existencia de vínculos comerciales entre la compañía y el área de Defensa británica, aunque no prueban una relación directa entre esos contratos y los vuelos denunciados.
La empresa confirmó que es propietaria del avión, pero no brindó precisiones sobre el propósito de las operaciones. En relación con los detalles de sus contratos, señaló que existen obligaciones de confidencialidad que le impiden ofrecer información específica.
En Argentina, Thales lleva más de tres décadas de actividad y coordina desde el país parte de sus negocios regionales. La compañía emplea aproximadamente a 60 personas y mantiene relaciones comerciales con las Fuerzas Armadas nacionales en proyectos de modernización tecnológica.
Entre sus actividades se encuentran la provisión de radares para vigilancia y control fronterizo, sistemas de detección destinados a operaciones aéreas militares y soluciones tecnológicas para organismos civiles, incluidas herramientas de verificación de identidad y control migratorio.
El caso se desarrolla en un contexto de tensión por las actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. El 3 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció medidas para endurecer la posición argentina frente a la exploración no autorizada de recursos en las islas, con especial atención al proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes.
Tras ese anuncio, distintas compañías de servicios petroleros expresaron su rechazo a participar en proyectos vinculados con las islas. En paralelo, el Gobierno advirtió sobre los vuelos atribuidos a la filial británica de Thales y puso en marcha procedimientos sancionatorios.
Los registros públicos disponibles sobre los movimientos de la aeronave son incompletos. No obstante, se pudo establecer que el avión llegó a Chile el 17 de septiembre y que sus movimientos públicos dejan de registrarse al día siguiente. La investigación judicial deberá determinar el propósito de los vuelos, establecer si existió algún vínculo con actividades militares o hidrocarburíferas en las Malvinas y definir las eventuales responsabilidades y sanciones.
