La protesta se produce en medio de la disputa por la implementación de la ley que establece actualizaciones para salarios, becas y partidas destinadas a la educación superior en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Aunque la norma recibió respaldo legislativo en cinco oportunidades y cuenta con decisiones judiciales favorables, el Gobierno continúa sin aplicarla en los términos reclamados por el sector universitario.
Uno de los principales argumentos de los gremios es el deterioro de los ingresos docentes. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA señalaron que el cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, frente a los $741.111 que, según el cálculo basado en la Ley de Financiamiento Universitario, debería haber cobrado.
El ajuste presupuestario también aparece en el centro de la discusión. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró una caída real del 25,2% en los recursos destinados al programa de Desarrollo de la Educación Superior, que comprende el financiamiento de las universidades públicas.
El análisis también proyectó que, al comparar el presupuesto de 2023 con el previsto para 2026, la reducción acumulada alcanzaría el 22% respecto de aquel año si no se concretan nuevas actualizaciones hasta diciembre. La estimación toma los valores en pesos constantes hasta el 14 de octubre y considera la proyección inflacionaria hasta fin de año incluida en el Proyecto de Presupuesto 2027. Para ese último ejercicio, la iniciativa oficial prevé un incremento real del 1,2% frente al crédito vigente para 2026, aunque sin recuperar las pérdidas acumuladas en los años anteriores.
La evolución de los salarios docentes constituye otro de los puntos del reclamo. Según el mismo relevamiento, un jefe de trabajos prácticos (JTP) sin antigüedad y con dedicación semiexclusiva pasó de cobrar $1.185.861 en noviembre de 2015 a $672.309 en septiembre de 2026. La caída real fue del 43,3%. Con la aplicación de la ley, el salario habría alcanzado los $887.581, lo que habría limitado la pérdida al 25,2%.
En paralelo, las medidas de protesta se extendieron a distintas casas de estudio. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires permanece ocupada, mientras docentes, estudiantes y trabajadores no docentes participan de actividades y se movilizan hacia el Congreso. En Rosario, asambleas interclaustros resolvieron ocupar las facultades de Humanidades y Artes, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
Las acciones se suman a las clases públicas y otras actividades realizadas en rechazo a la demora en la aplicación de la ley. El miércoles anterior, cientos de estudiantes habían protagonizado una sentada pacífica en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir el cumplimiento de la normativa y un aumento de la Beca Progresar.
La movilización contará además con la participación de organizaciones sindicales y políticas, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). La convocatoria también contempla reclamos vinculados con tierras, endeudamiento y discapacidad, además del financiamiento universitario.
La jornada estará atravesada, al mismo tiempo, por la discusión en la Cámara de Diputados sobre el DNU 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su mandato y que introdujo desregulaciones en distintas actividades económicas. El oficialismo inició negociaciones con sus aliados para impedir su derogación, mientras la oposición busca reunir el quórum necesario para debatirla. Las posibilidades del Gobierno dependen del respaldo de bloques y gobernadores aliados, cuyo acompañamiento todavía no está asegurado.
En el frente judicial, el Ejecutivo también prevé apelar tanto la sanción económica diaria impuesta a un funcionario por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La administración nacional sostiene que otorgó aumentos salariales significativos y argumenta que no puede asumir mayores gastos sin comprometer el equilibrio fiscal.
Con el Presidente de viaje en Estados Unidos, el Gobierno deberá afrontar una jornada marcada por la movilización universitaria y la disputa parlamentaria. Desde las 10:30 se esperaban concentraciones en las inmediaciones del Congreso, con la participación de sectores académicos, estudiantiles, sindicales y colectivos vinculados con otros reclamos sociales.
