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El Senasa destinó más de $726 millones al sistema de trazabilidad veterinaria y mantiene en reserva los nombres de sus desarrolladores

20 octubre, 2026
in Economía
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) destinó $726.838.440,35 al desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), una plataforma oficial que permite supervisar el recorrido de los medicamentos veterinarios desde su fabricación o importación hasta su utilización. El organismo informó que el proyecto está a cargo de siete personas contratadas mediante la Fundación ArgenINTA, pero no reveló sus identidades ni los montos que percibió cada una.

La información fue proporcionada en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. En el documento oficial, firmado por el director de la Dirección General Técnica y Administrativa del Senasa, Gabriel Andrés Castañeda, se indicó que no se contrataron proveedores externos para desarrollar el sistema. Según la explicación oficial, las tareas se realizaron mediante las cartas acuerdo N.º 23 y N.º 27, correspondientes a convenios de cooperación técnica con la Fundación ArgenINTA.

La respuesta del organismo se produjo en medio de cuestionamientos por la posible intervención de una empresa privada de software que había ofrecido servicios de integración tecnológica vinculados con Sigtrazavet a laboratorios y compañías veterinarias. En sus comunicaciones comerciales, la firma aseguraba haber participado en el desarrollo de la plataforma junto con el Senasa y ofrecía asistencia para adaptar los sistemas informáticos de las empresas a la nueva herramienta.

Los correos electrónicos enviados a compañías del sector a fines de junio, antes del anuncio oficial del sistema, incluían una afirmación explícita sobre esa supuesta participación conjunta. Sin embargo, tanto la empresa como el organismo público negaron la existencia de una relación contractual o comercial. La firma sostuvo que no había desarrollado ningún sistema para el Senasa, mientras que el organismo afirmó que no había autorizado a empresas privadas a ofrecer servicios en su nombre.

La situación generó preocupación en la industria veterinaria por la posibilidad de que información comercial sensible pudiera quedar expuesta y por el eventual ofrecimiento de servicios privados relacionados con una plataforma estatal. Entre los antecedentes del caso figura un instructivo de uso de Sigtrazavet distribuido por el Senasa en el que uno de los desarrolladores vinculados con la empresa privada aparecía como responsable de la revisión del documento.

La respuesta oficial no identificó a los siete integrantes del equipo que trabaja en el proyecto. Para justificar la reserva, el organismo invocó la protección de datos personales contemplada en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. No obstante, se señaló que dos personas vinculadas con la firma privada habían mantenido contratos con el Senasa entre noviembre de 2025 y junio de 2026, aunque los importes no fueron informados.

Tras la controversia, el Senasa mantuvo una reunión con representantes de la industria y comunicó que había instado a la empresa a detener las promociones comerciales relacionadas con Sigtrazavet. También informó que se había dispuesto desvincular a las personas involucradas.

En cuanto al desarrollo de la plataforma, el organismo precisó que las tareas de relevamiento y diseño comenzaron el 20 de junio de 2025 y que, al 14 de octubre de 2026, el proyecto continuaba en ejecución. No se estableció una fecha para su finalización. Los siete integrantes del equipo participan en distintas etapas del desarrollo y el soporte, pero el Senasa indicó que no podía determinar la dedicación exclusiva ni establecer un porcentaje preciso de participación individual.

Los gastos acumulados se distribuyeron entre $329.069.067,94 durante 2025 y $397.769.372,41 entre enero y septiembre de 2026. De esa manera, la inversión total alcanzó los $726.838.440,35. Entre los desembolsos registrados, el mayor correspondió a junio de 2026, con $177.375.005,58. Le siguieron noviembre de 2025, con aproximadamente $120 millones, y diciembre de ese año, con $92.329.550,94.

El organismo explicó que los fondos fueron transferidos a la Fundación ArgenINTA para adquirir equipos e insumos en el exterior. Según la justificación oficial, el Senasa no dispone de una cuenta bancaria fuera del país, por lo que utiliza a la fundación como intermediaria: transfiere los recursos en pesos y la entidad se encarga de concretar las compras internacionales.

Mientras el sistema continúa en desarrollo, persisten dificultades para algunos usuarios del sector. Un establecimiento veterinario informó que todavía no había podido completar el proceso de registro en Sigtrazavet, una situación que también se presentaría en otras empresas.

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La información fue proporcionada en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. En el documento oficial, firmado por el director de la Dirección General Técnica y Administrativa del Senasa, Gabriel Andrés Castañeda, se indicó que no se contrataron proveedores externos para desarrollar el sistema. Según la explicación oficial, las tareas se realizaron mediante las cartas acuerdo N.º 23 y N.º 27, correspondientes a convenios de cooperación técnica con la Fundación ArgenINTA.

La respuesta del organismo se produjo en medio de cuestionamientos por la posible intervención de una empresa privada de software que había ofrecido servicios de integración tecnológica vinculados con Sigtrazavet a laboratorios y compañías veterinarias. En sus comunicaciones comerciales, la firma aseguraba haber participado en el desarrollo de la plataforma junto con el Senasa y ofrecía asistencia para adaptar los sistemas informáticos de las empresas a la nueva herramienta.

Los correos electrónicos enviados a compañías del sector a fines de junio, antes del anuncio oficial del sistema, incluían una afirmación explícita sobre esa supuesta participación conjunta. Sin embargo, tanto la empresa como el organismo público negaron la existencia de una relación contractual o comercial. La firma sostuvo que no había desarrollado ningún sistema para el Senasa, mientras que el organismo afirmó que no había autorizado a empresas privadas a ofrecer servicios en su nombre.

La situación generó preocupación en la industria veterinaria por la posibilidad de que información comercial sensible pudiera quedar expuesta y por el eventual ofrecimiento de servicios privados relacionados con una plataforma estatal. Entre los antecedentes del caso figura un instructivo de uso de Sigtrazavet distribuido por el Senasa en el que uno de los desarrolladores vinculados con la empresa privada aparecía como responsable de la revisión del documento.

La respuesta oficial no identificó a los siete integrantes del equipo que trabaja en el proyecto. Para justificar la reserva, el organismo invocó la protección de datos personales contemplada en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. No obstante, se señaló que dos personas vinculadas con la firma privada habían mantenido contratos con el Senasa entre noviembre de 2025 y junio de 2026, aunque los importes no fueron informados.

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