La Cámara consideró que hay pruebas suficientes que respaldan que los cambistas involucrados gestionaron una cartera mínima de 138 millones de dólares de sus clientes, incluyendo a miembros cercanos de Daniel Muñoz, un secretario privado de la familia Kirchner. Este último utilizó esos fondos para adquirir propiedades en Miami y en el antiguo hotel Plaza de Nueva York, además de estar vinculado a maniobras de narcotráfico, en el marco de la operación conocida como “Carbón Blanco”.
El tribunal también impuso embargos de 10.000 millones de pesos contra cada uno de los procesados en esta causa, que se inició tras una denuncia del Banco Central y fue impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri. Ella lidera la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, recibiendo apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, bajo la dirección del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara determinó que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. Además de sus funciones cambiarias, ofreció servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, transferir fondos al exterior mediante sociedades creadas en Panamá hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los principales responsables de Jonestur: Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro, quienes están cerca de enfrentar un juicio oral por su implicación en el lavado de activos agravado y organizado.
Por otro lado, la Cámara dictó falta de mérito o sobreseimiento de otros acusados, como los directivos de Transcambio, al no hallar evidencias suficientes que respalden su inclusión en una asociación ilícita, como había determinado el juez federal Santiago Inchausti. Esta decisión será apelada por el Ministerio Público ante la Casación Penal.
La operatoria en cuestión favoreció, entre otros, al círculo cercano de Daniel Muñoz, quien movió grandes sumas de dinero sin declarar. La investigación reveló que su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco, utilizaron estas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore, los cuales fueron invertidos en propiedades en Estados Unidos.
El caso comenzó en 2014, a raíz de una denuncia del BCRA sobre posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario, asociadas a sitios que funcionaban como “cuevas financieras” en Mar del Plata. Las indagaciones incluyeron allanamientos en comercios, oficinas y domicilios, además del análisis de documentos y registros vinculados a la operatoria del grupo investigado.
Sin embargo, la causa enfrentó numerosos obstáculos y demoras judiciales, sumándose además los planteos de defensas para archivar el expediente. En un fallo previo, la Cámara Federal marplatense había dispuesto el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió esta decisión y obligó a su reapertura. Finalmente, la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la causa.
Así, el juez avanzó nuevamente contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado, procesando a un total de 29 imputados, que incluyen a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, así como a operadores financieros reconocidos como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro, considerado un nexo crucial entre ambas organizaciones. También fue procesado el comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, por encubrimiento agravado.
Inchausti emitió una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos en cuentas de García Navarro, sus hijas y un grupo de sociedades panameñas asociadas. El expediente menciona que en 2023, directivos de Jonestur, incluidos Rigano y Seret, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, en el cual reconocieron delitos financieros y aceptaron multas totales que superan los 32 millones de euros, junto con la confiscación de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. No obstante, cerca de 40 millones de euros permanecen congelados en la entidad andorrana, y la Justicia argentina busca su recuperación.
La investigación demandó años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados, muchos de los cuales cuentan con la asesoría legal de distintos profesionales, así como cooperación internacional. Para Inchausti, quedó demostrado que los fondos manejados derivan de actividades ilícitas y que ambas estructuras operaron con una intención delictiva permanente, conformando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en el país.
