El informe se centra en la insuficiencia de documentación que acredite el uso adecuado y la auditoría de 200 millones de dólares, parte de un crédito total de 500 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial. La implementación de este programa es responsabilidad del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.
Uno de los elementos clave del programa examinado es el apoyo a la distribución de subsidios para la energía eléctrica, con el objetivo de mejorar los mecanismos de selección y crear esquemas de subsidios más focalizados. Este apartado enfatiza la urgencia de optimizar los registros existentes tanto a nivel nacional como provincial; incluir a los hogares más vulnerables en las bases de datos, corrigiendo errores de inclusión y exclusión; registrar y procesar información y datos sobre el consumo de energía eléctrica residencial; y proporcionar subsidios para la energía eléctrica en respuesta a shocks externos.
Formalmente, las empresas seleccionadas por el Estado fueron EDENOR y EDESUR. De acuerdo con el convenio con el BIRF, el programa tiene previsto finalizar el 31 de diciembre de 2028. El periodo auditado abarca desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, y la documentación fue evaluada por la AGN entre abril y julio de 2025, resultando en un informe que fue recientemente presentado y aprobado. Es pertinente señalar que solo se ha ejecutado el 41% del préstamo pactado.
La AGN exigió “subsanar” las deficiencias detectadas en la documentación analizada relacionada con el crédito del BIRF. En este sentido, el organismo destacó que, “al cierre del ejercicio auditado, no se encontraba aprobado el Manual Operativo del Programa estipulado en el Contrato de Préstamo”.
Además, la AGN evidenció falta de control y desorganización en la gestión de los 200 millones de dólares. En una nota emitida el 2 de diciembre de 2024, el BIRF consideró cumplidas las condiciones para la vigencia del contrato de préstamo, procediendo al pago directo el 11 de diciembre. La entrada de los fondos en la Tesorería General de la Nación genera interrogantes, ya que la AGN sostiene que “al cierre del ejercicio aún no se contaba con la documentación necesaria sobre la operación del Programa: Manual Operativo (MOP) con no objeción del BIRF; POA y Plan de Adquisiciones con no Objeción del BIRF; y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados”.
La auditoría fue aún más allá, indicando que falta documentación que justifique el desembolso de los 200 millones de dólares y se realizó una extrusión del sistema SGUER, correspondiente al período de diciembre de 2023 a julio de 2024, sobre los usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. identificados como N2, con la correspondiente autorización del BIRF.
Desde el Ministerio de Economía se intentó deslindar la responsabilidad haciendo hincapié en que “las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas poseían la información consolidada necesaria al momento de la presentación”. Sin embargo, ante la insatisfacción de la AGN, se mantuvo la recomendación de “incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental que justifique dicho desembolso”.
La AGN también destacó la ausencia de una interacción efectiva entre la Secretaría de Energía, representada por la Dirección de Información Energética (DIE), y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC) en la administración del sistema RASE, que se refiere al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Además, se señala la “inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento para las tareas informáticas relacionadas con el sistema RASE”.
Otro punto crítico es la falta de un mecanismo de control por parte de la Secretaría de Energía que verifique la aplicación efectiva del subsidio en las facturas de los usuarios. La Auditoría subrayó que “no se pudo verificar la existencia de normas o procedimientos detallando los circuitos de adquisiciones, contrataciones, pagos y registro contable”. La respuesta de Economía fue que se encontraba “en proceso de ajuste”.
A pesar de estas aclaraciones, la AGN enfatizó que “el requerimiento de auditoría solicitado por el prestatario no tenía como objetivo principal la evaluación de sus controles administrativos, lo que habría permitido un mayor grado de detalle en las observaciones presentadas”. No obstante, recalcaron que los hallazgos del informe deben ser considerados para mejorar los procedimientos de control.
