Política

La Cámara de Diputados debatirá este jueves la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley en una sesión convocada para las 14 por el presidente del cuerpo, Martín Menem. El proyecto introduce modificaciones en indemnizaciones, jornada, licencias, convenios y sistema sindical, además de un esquema de incentivos para la formalización del empleo.

El texto que llegará al recinto mantiene los lineamientos centrales impulsados por el Gobierno, aunque incorpora cambios respecto de la versión original que se aprobó en la Cámara Alta. En las últimas horas, el Ejecutivo resolvió eliminar el artículo 44, que había generado fuertes cuestionamientos porque fijaba una reducción salarial durante las licencias por enfermedad.

Con la primera minoría propia, el oficialismo necesita acuerdos para asegurar la aprobación. En ese escenario, otros capítulos también concentran algunas resistencias y podrían abrir negociaciones de último momento. Entre los bloques aliados sostienen que, si el proyecto va a tener que volver al Senado por la eliminación del artículo 44, se pueden incorporar otras modificaciones, como el de las billeteras virtuales para el cobro de sueldos, pero La Libertad Avanza avisó que aceptará más cambios.

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los ejes de la reforma es la redefinición del esquema indemnizatorio. El proyecto mantiene la indemnización por despido sin causa, pero establece que se tomará como base únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y excluye conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios.

Además, fija un nuevo criterio de actualización de créditos laborales: IPC más un 3% anual, con el objetivo de reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a empleadores y trabajadores.

En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que deberá integrarse con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el proyecto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. Anses dejará de recibir esos ingresos.

También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.

También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.

El bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, elaboró una alternativa para ese capítulo de indemnizaciones e intentará debatirlo en el recinto.

Licencias por enfermedad y control médico

El capítulo de licencias fue uno de los más controversiales. El texto aprobado en el Senado establecía que, en casos de enfermedades o accidentes ajenos al trabajo, el trabajador cobraría el 75% del salario si no hubo conducta riesgosa y el 50% si la incapacidad derivó de una actividad voluntaria considerada riesgosa.

Ese esquema, incorporado como artículo 44, fue eliminado por presión de bloques aliados y un fuerte debate público, en la antesala del tratamiento en Diputados. De esta manera, el oficialismo buscó descomprimir uno de los puntos que generaba mayor rechazo sindical y político.

La reforma, no obstante, refuerza los mecanismos de control: exige certificados médicos más detallados y habilita al empleador a solicitar revisiones médicas. En caso de discrepancias, podrán intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa.

Salarios

Otro de los puntos sobre los que aún hay presión por parte de los bloques aliados es la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara Alta, tras las objeciones presentadas por las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.

El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Pero no es el único bloque que acompaña el pedido; también los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone pedirán reabrir ese debate y harán otros planteos, que el oficialismo resiste.

Jornada, banco de horas y vacaciones

El proyecto no modifica la jornada legal vigente, pero incorpora la posibilidad de implementar un banco de horas al que denomina voluntario. Mediante acuerdo entre empleador y trabajador, las horas extraordinarias podrán compensarse con francos compensatorios, siempre que se respeten los límites de descanso establecidos por ley.

También habilita contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal y se permite una mayor flexibilidad en la organización del trabajo.

En materia de vacaciones, mantiene el mínimo legal de 14 días. Sin embargo, autoriza el fraccionamiento de común acuerdo, con períodos no inferiores a siete días corridos por tramo, y amplía la posibilidad de fijar fechas fuera del esquema tradicional, siempre que exista acuerdo entre las partes.

Convenios, aportes y derecho a huelga

La reforma sostiene la prioridad de los convenios por empresa o región por sobre los sectoriales nacionales, con el argumento de adecuar las condiciones laborales a realidades productivas locales.

Mantiene el aporte patronal del 6% a las obras sociales sindicales y la cuota sindical obligatoria —con un tope del 2% del salario mensual— incluso para trabajadores no afiliados.

En cuanto al derecho a huelga, el texto precisa categorías de servicios esenciales y actividades trascendentales. Establece que, durante medidas de fuerza, deberá garantizarse un 75% de prestación en servicios esenciales y un 50% en actividades consideradas trascendentales. También regula las asambleas en los lugares de trabajo y exige la presentación anticipada de un plan de ejecución de la medida tras una conciliación obligatoria.

Formalización, incentivos y cambios en la Justicia laboral

La iniciativa incorpora un programa de regularización laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos por parte de las empresas que no tenían formalizados a sus trabajadores y la posibilidad de salir del REPSAL para quienes adhieran y cumplan las condiciones.

Además, crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% por cada nuevo trabajador durante un año, siempre que exista incremento real en la nómina.

En el plano judicial, los acuerdos homologados ante autoridad laboral tendrán el mismo valor que una sentencia firme y no podrán reabrirse. Establece topes a honorarios de abogados y peritos y prevé una reorganización progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.

Con el cambio de licencias sobre la mesa, el oficialismo buscará este jueves consolidar los apoyos necesarios para convertir la reforma laboral en ley.