El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para llegar a un acuerdo con los demandantes, quienes exigen más de 1800 millones de dólares. A este respecto, el funcionario se limitó a comentar que la resolución del asunto está en manos de los abogados que representan a Argentina: “Es algo que tenemos que ver con la parte legal, son temas mucho más complejos de lo que parecen y es más un tema legal que financiero. Esa estrategia la tenemos que compartir con los abogados y, en función de lo que recomienden ellos, nosotros actuaremos en consecuencia”.
La preocupación por llegar a un acuerdo con los demandantes, quienes poseen una sentencia firme en Inglaterra y buscan ampliar su reclamo por otros 1800 millones de dólares, se intensificó tras la aprobación del acuerdo con los holdouts que iniciaron acciones legales en Estados Unidos.
El 24 de junio, el Congreso aprobó un pago por 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, después de que se lograran negociaciones que implicaron una quita del 30% y 35% sobre las sumas originales reclamadas, las cuales también contaban con sentencias favorables. Este acuerdo permitió que los fondos abandonaran sus reclamos sobre diversos activos de Argentina, incluidas acciones de YPF y otras compañías, y se anularon las demandas en curso.
En lo que respecta a los bonos cupón PBI, la Corte Suprema del Reino Unido ordenó a Argentina el pago de 1800 millones de dólares. Desde entonces, los demandantes han logrado cobrar 300 millones de dólares, mientras continúan acumulándose intereses diarios.
En su más reciente revisión, el fondo monetario internacional indicó que el Gobierno mantuvo reuniones informales con los acreedores el año anterior, durante las cuales estos expresaron su intención de abordar la sentencia pendiente.
“Las autoridades manifestaron su preferencia por resolver la cuestión de los warrants del PIB de forma integral y su intención de hacerlo una vez que se hayan resuelto los impagos a los acreedores disidentes derivados de reestructuraciones de deuda anteriores. Dado que estas últimas están próximas a su resolución definitiva, comunicaron al personal que pronto reanudarían las conversaciones con los acreedores de los warrants del PIB sobre esta base”, señaló el fondo.
Los demandantes han iniciado otro procedimiento judicial en el que reclaman 1800 millones de dólares adicionales que ya tienen sentencias favorables. Argumentan que Argentina no cumplió con lo dispuesto por la Corte británica respecto a la actualización de la metodología para calcular el PBI para el periodo 2014-2024.
Según sus reclamos, el nivel de PBI para 2013 es hasta un 12% inferior al establecido por la justicia británica como base. Por tal motivo, consideran que se adeuda el monto solicitado por impagos e intereses correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022.
El programa financiero presentado por Caputo expone las obligaciones a cumplir y las fuentes de financiamiento. Sin embargo, no se menciona el pago de estos títulos, en gran parte debido a la falta de un acuerdo con los acreedores, ya sea mediante el pago total o, como sucedió con Attestor y Bainbridge, con una quita.
El abogado Sebastián Maril, quien ha estado atento a los litigios argentinos durante varios años, comentó: “Insisto que el Gobierno deberá salir al mercado para pagar el juicio de los warrants en euros. Son cerca de 2000 millones de dólares. No creo que pague con reservas y recomiendo no esperar post-2027. Puedo equivocarme”.
