Estas plataformas, que se presentan como opciones de trabajo a tiempo parcial, utilizan nombres de empresas legítimas y ofrecen remuneraciones de hasta 3500 euros. Sin embargo, tras la fachada, se encuentran redes organizadas destinadas a estafar. Cuando una oferta fraudulenta utiliza datos reales, la trampa se convierte en algo más difícil de descubrir. Este tipo de engaño tiene múltiples variantes, aunque su esencia se mantiene inalterada en el marco del Código Penal, como señala el abogado Borja Adsuara, experto en derecho digital. Agravando la situación, la mayoría de los casos nunca son denunciados, con un estudio revelando que solo un 20% de las víctimas da el paso de reportar el fraude. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recibe cada año miles de consultas sobre estafas online; aunque no hay cifras certeras sobre un aumento en este tipo de fraude, muchas de las consultas están relacionadas con inversiones fraudulentas en criptomonedas.
El Incibe explica que el principal mecanismo detrás de estos fraudes radica en “diversas tácticas de ingeniería social” diseñadas para ganar la confianza de las víctimas y conducirlas a enviar dinero. “Al principio transferí por convicción; después lo hice solo intentando recuperar lo perdido”, explica Sánchez. Los patrones suelen ser consistentes: comienzan con tareas simples y entregan pequeñas recompensas al inicio como gancho. Desde el Incibe remarcan que en un empleo legítimo, el flujo de dinero es del empleador al empleado, nunca al revés.
Proyecciones de Statista estiman que el costo global del ciberdelito ascenderá de 9,22 billones de dólares en 2024 a 13,82 billones en 2028, lo que refleja el creciente alcance de estas prácticas en todo el mundo. La búsqueda de soluciones llevó a Sánchez a recorrer Internet en busca de respuestas, hasta que su marido encontró la asociación de Víctimas de Fraudes Financieros (Victifin), que se dedica a educar sobre estos delitos. “Llamá acá, a ver qué te dicen”, le sugirió. Jessica González, portavoz de Victifin, sabe de lo que habla, habiendo fundado la organización tras la estafa sufrida por su esposo en una plataforma ilegal. “Ahora estoy generando mucho contenido en redes porque son los mismos canales que utilizan los estafadores”, afirma González. Los delincuentes crean grupos en Telegram o WhatsApp donde los supuestos trabajadores celebran sus ganancias y comparten capturas, generando una percepción de éxito colectivo.
Un caso similar es el de Rafael Langarita, ingeniero de 46 años, quien admite haber caído en estafas en dos ocasiones por su curiosidad ante ofertas diversas. “Nunca imaginé que alguien pudiera actuar así”, expresa, todavía sorprendido por la facilidad con que los estafadores ganaron su confianza. Langarita también fue contactado por una empresa que se hacía pasar por Interactive Brokers y le solicitó un depósito inicial, que creció exponencialmente. En otra experiencia, fue atraído por una estafa por Telegram que lo llevó a perder 400 euros tras haber iniciado con una inversión mínima.
El 30 de noviembre, Paula Sánchez se dirigió a una comisaría, armada con evidencia: capturas de pantalla, contratos falsos e información bancaria desconocida. Pero también llevaba consigo un sentimiento más difícil de procesar: la vergüenza. “Me siento una boluda”, confiesa. ReSee no respondió a las solicitudes de información, pero en una plataforma de reseñas, la compañía advirtió sobre su desvinculación de actividades fraudulentas. Por su parte, Interactive Brokers lanzó alertas sobre estafas donde su nombre fue utilizado. Ambos casos sirven como recordatorios tardíos de la necesidad de precaución en la verificación de ofertas laborales. Existen métodos simples para validar la legitimidad de una propuesta, como verificar la página web de la empresa y contactar su servicio al cliente, pasos que pueden prevenir la realización de transferencias que se conviertan en fraudes. “Queremos justicia y que todo salga a la luz. Deseamos que estas estafas sean reconocidas y comprendidas para que puedan evitarse”, finaliza González.
Adsuara añade que muchas de estas plataformas dependientes de usuarios. Quienes se involucran en sistemas de reseñas falsas contribuyen, sin saberlo, a un ecosistema dañino. Estos sistemas operan en grupos de mensajería encriptados donde las estafas proliferan. Además, plataformas como Instagram tienen responsabilidades bajo normativas europeas, aunque aún no se implementan en España. Estas compañías deben actuar frente a la difusión de contenido ilícito o enfrentarse a sanciones. “Cada vez son más sofisticadas, y muchas veces son operativas desde fuera del país, donde la policía tiene menos capacidad de respuesta”, concluye el abogado. La última acción de Sánchez fue presentar un reclamo ante su banco para revertir las transferencias, aunque mantiene pocas esperanzas de recuperar su dinero.
