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El Gobierno quedó lejos de su meta legislativa y cerrará el año con una agenda de reformas inconclusa

12 noviembre, 2026
in Política
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El oficialismo no logró cumplir con las expectativas parlamentarias que había planteado para 2026, incluso después de conseguir una composición más favorable en el Congreso. A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, el balance legislativo muestra una distancia considerable respecto del objetivo inicial de sancionar 90 leyes durante el año, a razón de diez por mes.

Aunque en febrero se aprobaron la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el ritmo de actividad legislativa estuvo lejos de las previsiones del Gobierno. Durante el período ordinario, La Libertad Avanza consiguió tres sanciones de relevancia: los cambios a la ley de Glaciares, el esquema de Inocencia Fiscal II y las modificaciones al régimen de Zonas Frías.

El calendario parlamentario deja poco margen para avanzar con los proyectos pendientes. Diputados podrá emitir dictámenes hasta el viernes 20 de noviembre, mientras que el Senado tendrá plazo hasta el lunes 30. Las iniciativas que no logren avanzar deberán esperar al próximo año o ser incorporadas al temario de sesiones extraordinarias. Este último período será especialmente importante si el Ejecutivo pretende conseguir la aprobación del Presupuesto 2027, que todavía no tiene una versión definitiva ni dictamen de comisión.

Entre los proyectos que continúan sin resolución en la Cámara baja aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación de un mercado de carbono y las modificaciones a las leyes de Salud Mental y Biocombustibles. Esta última iniciativa es una de las que genera mayores interrogantes, debido a las diferencias que persisten entre los sectores aliados al oficialismo.

En el Senado, en cambio, existen posibilidades de que algunas propuestas se conviertan en ley antes del cierre del período ordinario. Entre ellas figuran el Tratado de Cooperación de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las medidas de seguridad para espacios recreativos y el fortalecimiento del sistema de discapacidad. La Cámara alta también avanzó en el tratamiento de acuerdos judiciales, aunque presentó mayores dificultades para el avance de otras iniciativas del Ejecutivo.

Si todos esos proyectos consiguieran aprobación, el Gobierno llegaría a 13 leyes sancionadas, apenas el 14% de la meta que había establecido para el año. El acompañamiento opositor fue prácticamente inexistente, con excepción del impulso que recibió la iniciativa vinculada con discapacidad. A su vez, la agenda legislativa terminará sin una propuesta concreta para atender la problemática de la morosidad, un tema que había comenzado a debatirse en comisiones de Diputados, pero que quedó sin avances.

La planificación parlamentaria había sido presentada por Javier Milei al comienzo del año, aunque la coordinación política y legislativa quedó bajo la conducción de Manuel Adorni. Desde marzo, el funcionario había anticipado una serie de reformas que finalmente no consiguieron avanzar. Entre ellas estaban los cambios al Código Penal y la creación de una nueva ley de financiamiento universitario.

En mayo también se habían mencionado iniciativas sobre ludopatía, lobby, Etiquetado Frontal y el denominado Súper RIGI. De ese conjunto, solamente el último proyecto consiguió media sanción en Diputados, pero su tratamiento quedó frenado por los reclamos de la industria nacional, que exige algún nivel de participación dentro del esquema.

La lista de reformas anunciadas por el Presidente incluía, además, la eliminación de trabas burocráticas, una reforma impositiva, modificaciones al Código Aduanero y cambios en el Código Civil y Comercial. Hasta el momento, ninguna de esas propuestas llegó a convertirse en un proyecto concreto con avances parlamentarios.

Uno de los principales objetivos que tampoco pudo concretarse fue la reforma electoral, especialmente en lo referido a la eliminación de las PASO. La discusión se mantiene desde principios de año y ocupa un lugar central en las negociaciones políticas del oficialismo. La dificultad para alcanzar acuerdos quedó reflejada en las declaraciones de Patricia Bullrich, quien advirtió que las posibilidades de avanzar se reducen a medida que se aproxima el calendario electoral. Tanto ella como el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibieron cuestionamientos por las dificultades para destrabar las conversaciones.

Entre las iniciativas que sí habían sido anticipadas por el Gobierno y lograron avanzar se encuentra la reforma de la ley de Glaciares. También están cerca de conseguir respaldo parlamentario los proyectos de discapacidad y de propiedad privada. En este último caso, cuya elaboración fue impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, el oficialismo mantuvo vigentes las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego como parte de las negociaciones para conseguir apoyos.

La agenda legislativa vinculada con el Ministerio de Desregulación tuvo, en general, una recepción limitada en el Congreso. Algunas de las propuestas impulsadas desde esa cartera terminaron implementándose a través de resoluciones ministeriales, sin conseguir el respaldo necesario para convertirse en leyes.

Entre los proyectos que no prosperaron se encuentran la reforma de la ley de Sociedades, la iniciativa de Competitividad Financiera, la ley de Gemelos Digitales, un paquete de desregulación que incluía actividades como librerías, farmacias, inmobiliarias y distintas industrias, entre ellas la agropecuaria y la vitivinícola, además de la denominada ley Hojarasca.

Esta última iniciativa había conseguido un respaldo importante en Diputados durante mayo, cuando obtuvo 138 votos afirmativos y 96 negativos. El proyecto proponía eliminar disposiciones legales consideradas obsoletas, pero, pese a haber recibido dictamen en el Senado en junio, nunca llegó al recinto para su tratamiento.

Las diferencias entre el oficialismo y distintos sectores parlamentarios también incidieron en el freno de otras reformas. Durante la discusión de la reforma laboral, las declaraciones de Sturzenegger sobre los cambios al régimen de licencias por enfermedad generaron repercusiones negativas y profundizaron las desconfianzas en torno a sus iniciativas. Esa controversia contribuyó a demorar la aprobación de la ley hasta el último día de las sesiones extraordinarias.

El desafío para el Gobierno será retomar los proyectos pendientes durante el próximo período legislativo y conseguir una mayor capacidad de negociación para ampliar los respaldos parlamentarios. Las sesiones extraordinarias aparecen nuevamente como una instancia clave para intentar avanzar con una agenda que, hasta ahora, quedó considerablemente por debajo de las expectativas anunciadas.

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El calendario parlamentario deja poco margen para avanzar con los proyectos pendientes. Diputados podrá emitir dictámenes hasta el viernes 20 de noviembre, mientras que el Senado tendrá plazo hasta el lunes 30. Las iniciativas que no logren avanzar deberán esperar al próximo año o ser incorporadas al temario de sesiones extraordinarias. Este último período será especialmente importante si el Ejecutivo pretende conseguir la aprobación del Presupuesto 2027, que todavía no tiene una versión definitiva ni dictamen de comisión.

Entre los proyectos que continúan sin resolución en la Cámara baja aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación de un mercado de carbono y las modificaciones a las leyes de Salud Mental y Biocombustibles. Esta última iniciativa es una de las que genera mayores interrogantes, debido a las diferencias que persisten entre los sectores aliados al oficialismo.

En el Senado, en cambio, existen posibilidades de que algunas propuestas se conviertan en ley antes del cierre del período ordinario. Entre ellas figuran el Tratado de Cooperación de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las medidas de seguridad para espacios recreativos y el fortalecimiento del sistema de discapacidad. La Cámara alta también avanzó en el tratamiento de acuerdos judiciales, aunque presentó mayores dificultades para el avance de otras iniciativas del Ejecutivo.

Si todos esos proyectos consiguieran aprobación, el Gobierno llegaría a 13 leyes sancionadas, apenas el 14% de la meta que había establecido para el año. El acompañamiento opositor fue prácticamente inexistente, con excepción del impulso que recibió la iniciativa vinculada con discapacidad. A su vez, la agenda legislativa terminará sin una propuesta concreta para atender la problemática de la morosidad, un tema que había comenzado a debatirse en comisiones de Diputados, pero que quedó sin avances.

La planificación parlamentaria había sido presentada por Javier Milei al comienzo del año, aunque la coordinación política y legislativa quedó bajo la conducción de Manuel Adorni. Desde marzo, el funcionario había anticipado una serie de reformas que finalmente no consiguieron avanzar. Entre ellas estaban los cambios al Código Penal y la creación de una nueva ley de financiamiento universitario.

En mayo también se habían mencionado iniciativas sobre ludopatía, lobby, Etiquetado Frontal y el denominado Súper RIGI. De ese conjunto, solamente el último proyecto consiguió media sanción en Diputados, pero su tratamiento quedó frenado por los reclamos de la industria nacional, que exige algún nivel de participación dentro del esquema.

La lista de reformas anunciadas por el Presidente incluía, además, la eliminación de trabas burocráticas, una reforma impositiva, modificaciones al Código Aduanero y cambios en el Código Civil y Comercial. Hasta el momento, ninguna de esas propuestas llegó a convertirse en un proyecto concreto con avances parlamentarios.

Uno de los principales objetivos que tampoco pudo concretarse fue la reforma electoral, especialmente en lo referido a la eliminación de las PASO. La discusión se mantiene desde principios de año y ocupa un lugar central en las negociaciones políticas del oficialismo. La dificultad para alcanzar acuerdos quedó reflejada en las declaraciones de Patricia Bullrich, quien advirtió que las posibilidades de avanzar se reducen a medida que se aproxima el calendario electoral. Tanto ella como el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibieron cuestionamientos por las dificultades para destrabar las conversaciones.

Entre las iniciativas que sí habían sido anticipadas por el Gobierno y lograron avanzar se encuentra la reforma de la ley de Glaciares. También están cerca de conseguir respaldo parlamentario los proyectos de discapacidad y de propiedad privada. En este último caso, cuya elaboración fue impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, el oficialismo mantuvo vigentes las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego como parte de las negociaciones para conseguir apoyos.

La agenda legislativa vinculada con el Ministerio de Desregulación tuvo, en general, una recepción limitada en el Congreso. Algunas de las propuestas impulsadas desde esa cartera terminaron implementándose a través de resoluciones ministeriales, sin conseguir el respaldo necesario para convertirse en leyes.

Entre los proyectos que no prosperaron se encuentran la reforma de la ley de Sociedades, la iniciativa de Competitividad Financiera, la ley de Gemelos Digitales, un paquete de desregulación que incluía actividades como librerías, farmacias, inmobiliarias y distintas industrias, entre ellas la agropecuaria y la vitivinícola, además de la denominada ley Hojarasca.

Esta última iniciativa había conseguido un respaldo importante en Diputados durante mayo, cuando obtuvo 138 votos afirmativos y 96 negativos. El proyecto proponía eliminar disposiciones legales consideradas obsoletas, pero, pese a haber recibido dictamen en el Senado en junio, nunca llegó al recinto para su tratamiento.

Las diferencias entre el oficialismo y distintos sectores parlamentarios también incidieron en el freno de otras reformas. Durante la discusión de la reforma laboral, las declaraciones de Sturzenegger sobre los cambios al régimen de licencias por enfermedad generaron repercusiones negativas y profundizaron las desconfianzas en torno a sus iniciativas. Esa controversia contribuyó a demorar la aprobación de la ley hasta el último día de las sesiones extraordinarias.

El desafío para el Gobierno será retomar los proyectos pendientes durante el próximo período legislativo y conseguir una mayor capacidad de negociación para ampliar los respaldos parlamentarios. Las sesiones extraordinarias aparecen nuevamente como una instancia clave para intentar avanzar con una agenda que, hasta ahora, quedó considerablemente por debajo de las expectativas anunciadas.
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