Javier Milei ha establecido la “moral como política de Estado” como uno de los pilares de su administración. La presentó como la base filosófica de una nueva era: una política guiada por principios morales antes que por conveniencias o cálculos electorales.
Desde su proclamación, gran parte del debate público ha girado en torno a una noción bastante común: los escándalos, conflictos de interés y sospechas de corrupción parecen ser antitéticos al discurso moral del Presidente.
Sin embargo, podría argumentarse que el planteamiento del problema es erróneo desde el principio.
No se trata simplemente de la contradicción entre una moral republicana y prácticas que la desafían. El verdadero asunto radica en que la concepción de moral de Milei no ha incorporado una ética de la función pública.
Su enfoque de la moral se concentra en lo individual, la propiedad y el mercado, dejando de lado aspectos cruciales como la función pública, los límites institucionales, la transparencia y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de gobierno. Esto le permite sostener un discurso rígido sobre impuestos o libertad económica, al mismo tiempo que carece de las herramientas políticas y morales necesarias para abordar cuestiones como la corrupción, conflictos de interés o el uso del aparato estatal en beneficio personal.
Aquí se encuentra el núcleo del problema.
Milei posee una filosofía moral, pero esta es de carácter privado, económica e individual. Se trata de una moral que defiende la libertad frente al Estado, sin considerar cómo debe ejercerse el poder. Una moral que desconfía de la intervención pública, ciertamente, pero que no ofrece una ética republicana capaz de limitar y controlar a aquellos que gobiernan.
La tradición republicana ha forjado históricamente una concepción de moral diferente. Esta se fundamenta en el acatamiento de la ley, la rendición de cuentas, la responsabilidad institucional y el control del poder público. Una ética que no se limita a indagar si una persona puede hacer lo que desee con su propiedad, sino que también cuestiona si quien ocupa el poder utiliza correctamente la confianza que la sociedad le ha otorgado.
Gobernar no es mero acto de administrar individuos; gobernar implica ejercer poder.
Y a medida que aumenta el poder, también se eleva la exigencia ética sobre quienes lo ejercen.
Por este motivo, la función pública no puede orientarse hacia la opacidad, el privilegio o la impunidad. El poder sin controles tiende a socavar, de forma inevitable, las instituciones.
No obstante, el discurso moral del mileísmo parece basarse en un marco diferente. Milei ha caracterizado repetidamente a los impuestos como un robo y ha planteado la intervención estatal en la economía como una cuestión moral, por encima de lo técnico o político. En este contexto, lo inmoral es limitar la propiedad privada o interponerse en el mercado. De este modo, el Estado se presenta a menudo como una amenaza a la libertad individual.
Este enfoque filosófico podría adecuarse a la consideración de relaciones entre individuos, pero resulta insuficiente para abordar los problemas fundamentales de una democracia moderna: la corrupción, el abuso de poder, los conflictos de interés o la captura del Estado.
