La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, a cargo del juez Julio Armando Grisolía, mediante una resolución emitida el 17 de julio. El fallo representa un nuevo capítulo en el conflicto laboral que la empresa mantiene desde junio de 2024.
La disputa comenzó luego de un reclamo salarial impulsado por el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana. Desde la empresa sostuvieron que el aumento solicitado no podía ser afrontado y señalaron que, entre abril de 2023 y abril de 2024, los trabajadores habían recibido una mejora salarial superior al incremento de precios registrado en ese período.
Según la firma, las medidas de fuerza incluyeron asambleas, reducción de tareas y finalmente un bloqueo de la planta, lo que afectó la producción y generó dificultades para cumplir con compromisos comerciales y operativos.
La empresa aseguró que las protestas provocaron una caída significativa en la fabricación de unidades y una interrupción total de la actividad durante algunos períodos, mientras que desde el sector sindical argumentaron que los reclamos estaban vinculados a condiciones laborales y salariales.
El conflicto también derivó en denuncias por hechos de violencia e intimidación contra integrantes de la familia propietaria de la compañía. En ese marco, la Justicia intervino y dos empleados quedaron imputados en una causa por coacciones agravadas, a la espera del inicio del juicio oral previsto para octubre.
En enero de 2025, una resolución judicial había dispuesto la reincorporación de trabajadores despedidos luego de considerar que habían participado de una huelga. Sin embargo, la nueva decisión judicial modificó ese criterio y dejó vigentes las cesantías.
El enfrentamiento entre la empresa y el sindicato se convirtió en uno de los casos utilizados por sectores empresariales para plantear reclamos contra los bloqueos a establecimientos productivos y las consecuencias económicas que generan los conflictos laborales prolongados.
