El cambio fue establecido mediante la Resolución General N° 1166/2026 y modifica un mecanismo que permitía depositar eCheqs directamente en una cuenta comitente a través de un agente de liquidación y compensación. La modalidad había comenzado a utilizarse unos cuatro meses atrás y era empleada por empresas para administrar su liquidez en un contexto de acceso limitado y costoso al financiamiento.
Uno de los principales puntos de la discusión está relacionado con el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. La operatoria anterior permitía evitar el paso obligatorio de los fondos por una cuenta bancaria y, de esa manera, no quedaba alcanzada por ese tributo.
El impuesto establece una alícuota del 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos. Por lo tanto, el ahorro potencial asociado a la operatoria podía alcanzar el 1,2% del monto total movilizado.
La nueva normativa establece que los ingresos y egresos de las cuentas comitentes deben realizarse mediante transferencias bancarias. Para el sector empresario, esto modifica las condiciones de una herramienta que había adquirido relevancia para administrar el capital de trabajo.
La UIA formalizó el reclamo a través de su área vinculada con las pequeñas y medianas industrias y el desarrollo regional. En la presentación realizada ante la CNV, la entidad planteó su preocupación por los efectos de la resolución sobre los circuitos de cobro y pago de las compañías y solicitó expresamente la suspensión de la medida.
La entidad industrial ubicó el cambio dentro de un escenario que, según describió, está marcado por el estancamiento de la actividad productiva, la caída del empleo, el alto costo y la limitada disponibilidad del financiamiento y las dificultades de competitividad frente a los mercados internacionales.
Desde esa perspectiva, la UIA sostiene que la modificación puede incrementar el costo del capital de trabajo y trasladar una mayor carga sobre empresas que ya trabajan con márgenes reducidos. También planteó la necesidad de continuar discutiendo con las autoridades nacionales y provinciales la reducción de los impuestos que afectan la competitividad.
El sector pyme señaló además que el impacto del cambio no se limita al tributo sobre los movimientos bancarios. La menor rentabilidad de las empresas y el incremento de otros costos reducen, según los planteos empresarios, el margen disponible para absorber nuevas cargas.
En ese sentido, desde el ámbito industrial y comercial se señaló que la estabilidad de los precios modificó las condiciones en las que las empresas venían operando, al reducir la posibilidad de compensar errores o desfasajes mediante aumentos nominales. A esto se sumaron, según el sector, mayores costos de servicios, tasas municipales e impuestos provinciales.
Entre los gastos mencionados aparecen los servicios de agua, electricidad y gas, cuyos costos, de acuerdo con estimaciones aportadas por representantes del sector, aumentaron cerca de 700%. Para las empresas, ese incremento pasó a tener una incidencia mayor dentro de la estructura general de costos.
La situación también se vincula con las dificultades para acceder al crédito. Según datos citados por representantes de las pequeñas y medianas empresas, mientras este segmento explica alrededor del 45% del producto bruto interno, recibe aproximadamente el 2% del financiamiento. A esto se agregan los requisitos exigidos para acceder a préstamos y el nivel de las tasas.
Desde otra de las principales entidades que representan a comerciantes y pequeñas empresas también se advirtió que la nueva modalidad puede generar una mayor carga fiscal y administrativa. En particular, se señaló que el 1,2% asociado al impuesto sobre los movimientos bancarios puede tener un peso significativo para compañías que trabajan con márgenes estrechos.
El planteo empresarial apunta además a las dificultades para trasladar esos mayores costos a los precios. Las compañías de menor tamaño cuentan con menos capacidad para absorber o trasladar incrementos cuando no tienen una posición dominante dentro de sus respectivos mercados.
Los reclamos se producen en paralelo con otras advertencias realizadas por la UIA sobre la evolución de la actividad industrial. Durante su última reunión de Junta Directiva, representantes de distintos sectores y regiones expresaron preocupación por la falta de recuperación de la producción, la evolución del empleo y los costos que afectan la competitividad.
En julio, la producción industrial registró una caída interanual del 4,9%, mientras que 12 de los 16 sectores incluidos en el Índice de Producción Industrial presentaron retrocesos frente al mismo mes del año anterior.
La UIA también presentó ante la Subsecretaría PyME una serie de propuestas destinadas a aliviar la situación financiera de las empresas. Entre ellas figuran la suspensión de embargos durante 180 días, una reducción de la tasa de financiación de ARCA para las PyMEs, el diferimiento de los vencimientos de IVA para actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para las economías regionales.
El financiamiento aparece como uno de los principales puntos de preocupación. La entidad industrial señaló que la carga tributaria aplicada a la intermediación financiera eleva, en promedio, más de 18% el costo financiero del crédito productivo. De esta manera, una tasa nominal anual de referencia del 35% puede transformarse en un costo financiero total del 41,4%.
A esto se suma el bajo nivel de crédito bancario en relación con el tamaño de la economía. Según los datos planteados por la UIA, el financiamiento bancario representa alrededor del 12% del PIB argentino, frente a un promedio cercano al 60% en los países de la región.
En este escenario, el reclamo por la resolución de la CNV quedó incorporado a una agenda más amplia de pedidos empresarios vinculados con el costo tributario, el financiamiento, el capital de trabajo y las condiciones necesarias para sostener la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
