Laura Parodi, miembro fundadora de la agrupación Callejeritos Villa Elisa, y Eduardo, voluntario de Casa Refugio en Capilla del Señor, cuestionaron la propuesta impulsada por la diputada libertaria Karen Reichardt. Ambos destacaron que las organizaciones que rescatan animales suelen operar sin apoyo estatal y gracias al esfuerzo de voluntarios y donaciones.
Parodi califica el proyecto como “básicamente, un engaño”, argumentando que los refugios tienen objetivos distintos a los criaderos: “Los refugios se ocupan de alojar animales rescatados, rehabilitarlos y darles la mejor vida posible hasta que encuentren un hogar. Los criaderos son núcleos de explotación animal”.
La proteccionista enfatizó que buscar equiparar ambas actividades “esconde un negocio” y propuso que una ley debería enfocarse en apoyar las labores de los refugios y en prevenir el maltrato que sufren los animales en los criaderos.
Por su parte, Eduardo define la iniciativa como “una aberración” y critica la idea de establecer un registro nacional para actividades que operan en contextos muy diferentes. “Desde una mirada política, formar una comisión nacional de registro de refugios parece más bien una medida para tener el control absoluto de algo”, señaló, argumentando que el enfoque del proyecto es erróneo al tratar a todos de la misma manera.
El voluntario remarcó que los rescatistas están “totalmente en contra de los criaderos, porque implican lucrar con los animales” y advirtió que los requisitos establecidos podrían poner en peligro la continuidad de refugios sostenidos por individuos. “Esta ley pone en jaque la existencia misma de los refugios y de los rescatistas. Si yo, que pongo mediodía de mi trabajo, dinero, esfuerzo y emociones para hacer esto, tuviera que aplicar esa ley, simplemente no podría seguir”, agregó.
Eduardo enumeró algunas exigencias que consideran difíciles de cumplir para organizaciones con recursos limitados, como un plan de evacuación, un sistema contra incendios o la necesidad de contar con un director técnico veterinario matriculado de forma permanente. En caso de emergencias, los voluntarios deben reunir dinero para llevar a los animales a la veterinaria, lo que complica aún más la situación.
El refugio de Capilla del Señor enfrenta problemas cotidianos, al albergar actualmente 55 perros y otros 10 en tránsito, cuando meses atrás contaba con cerca de 70 animales. Aunque el predio fue cedido por la Municipalidad y recibe apoyo alimentario oficial, el funcionamiento diario depende en gran medida del trabajo voluntario.
“Los perros quedan casi todo el tiempo solos”, explicó Eduardo, quien destacó que la persona encargada de su alimentación está enferma, y su reemplazo asiste solo por algunas horas. Los voluntarios son responsables de controlar el estado de los animales y proporcionarles compañía, además de enfrentar gastos veterinarios que oscilan entre uno y uno y medio millones de pesos mensuales por el ingreso de animales heridos, abandonados o en condiciones críticas.
Además, el refugio necesita urgente renovación en su infraestructura, incluyendo el alambrado y la construcción de nuevos caniles, lo que demandará alrededor de 4 millones de pesos.
Callejeritos Villa Elisa, por su parte, cuida a alrededor de 80 animales sin contar con un refugio físico. Los animales son alojados en hogares temporales hasta que encuentran un hogar definitivo. La agrupación depende de su red de colaboradores y eventos para financiar sus actividades.
Parodi destacó que las necesidades más apremiantes incluyen la búsqueda de hogares de tránsito y apoyo económico, dado que muchos animales rescatados requieren atención veterinaria urgente. Asimismo, hizo hincapié en el riesgo de que una normativa rígida limite la capacidad de respuesta ante emergencias.
“Este proyecto de ley, que parece redactado por personas sin conocimiento o con intereses particulares, pone en riesgo toda esa solidaridad espontánea”, lamentó, recordando un operativo exitoso de rescate de perros hacinados en una vivienda. En esa ocasión, se obtuvo una gran respuesta de la comunidad para ayudar con las adopciones y donaciones.
Eduardo insistió en que cualquier regulación debería nacer de las necesidades reales de las organizaciones, aunque reconoció que la solución no radica solo en normativa, ya que “los refugios no deberían existir” si el Estado cumpliera con su rol.
“Se necesita un plan de educación de base para cambiar la cultura de las personas, para entender que el animal es un ser sintiente”, argumentó, sugiriendo que el enfoque debe incluir educación, sanciones efectivas y políticas públicas de control poblacional para abordar el abandono y el maltrato.
Finalmente, se destacó la importancia de mejorar las políticas de castración como método para reducir la cantidad de animales abandonados, mencionando como ejemplo el trabajo de un municipio en el que se realizan intervenciones de salud móvil. “Hay partidos enteros que no castran”, advirtió, señalando la urgencia de una política sostenida para enfrentar el problema del abandono y el maltrato animal.
